Los obispos de Costa Rica rechazaron los excesos cometidos en el allanamiento judicial a la sede de la Conferencia Episcopal (CECOR) y la Arquidiócesis de San José, para llevarse los documentos sobre los casos del exsacerdote Mauricio Víquez y el P. Manuel Guevara, acusados de abusos sexuales; sin embargo los prelados reiteraron su compromiso en la lucha contra este mal.
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"Ni la fiscalía, ni los Tribunales de Justicia, han requerido información alguna a las instancias de la Iglesia, ni a la Curia Metropolitana, ni a la Conferencia Episcopal, hasta lo lamentablemente sucedido el día de hoy", indicaron los obispos en un comunicado emitido el 7 de marzo.
"En la orden de allanamiento, la juez razona la procedencia del mismo en el dicho de un ofendido, el cual relata que los funcionarios de la Iglesia le negaron copia de su denuncia realizada ante la Curia Metropolitana en el año 2015, lo cual es falso", precisan.
La Fiscalía del II Circuito Judicial de San José (Costa Rica) y la Adjunta de Género allanaron el 7 de marzo la Arquidiócesis de San José por los casos de abusos cometidos por el exsacerdote Mauricio Víquez Lizano, expulsado del estado clerical y prófugo de la justicia; y por el proceso que se sigue al P. Manuel Guevara Fonseca.
Los obispos indicaron que el allanamiento lo realizaron "al menos 20 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al mando de varios fiscales, armados, con pasamontañas y equipo para derribar puertas y forzar archivos, mostrando una orden de allanamiento, y encerraron en un salón a todos los colaboradores de las diferentes instancias de la CECOR".
"Pese a que los funcionarios se mostraron en la mayor disposición de colaborar y suministrar los materiales que fueran requeridos, amenazaron de palabra, y condujeron a nuestros funcionarios, dándoles el trato de personas peligrosas y los mantuvieron incomunicados", lamentaron los prelados.
Además, dijeron los obispos, "los agentes del OIJ causaron destrozos materiales en el edificio".
También denunciaron que los funcionarios de la CECOR quisieron rezar el Rosario mientras estuvieron recluidos durante tres horas, algo que los agentes impidieron con "música a alto volumen" mostrando así "total irrespeto a su libertad religiosa".
Los prelados costarricenses también señalaron que "se le impidió al abogado de la Conferencia Episcopal presente en el edificio presenciar la acción judicial que se estaba llevando a cabo".
Los obispos reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades en las investigaciones sobre abusos sexuales, pero rechazaron "el comportamiento de las autoridades judiciales en la ejecución de la orden de allanamiento, el cual calificamos de excesivo".
Asimismo expresaron su "preocupación por la filtración a los medios de comunicación de información contenida en los documentos secuestrados los cuales están siendo sacados de contexto, dando pie a especulaciones y poniendo en peligro el honor de las personas cuyos nombres pudiesen aparecer en los documentos, especialmente el de los denunciantes; de ello responsabilizamos a los funcionarios judiciales".
También aclararon que "ni la Conferencia Episcopal, ni la Curia Metropolitana, han pagado por el silencio de los denunciantes en ninguno de los casos investigados, cuyos expedientes han sido secuestrados".
"Confiados en que la verdad prevalecerá en estas investigaciones, nos encomendamos especialmente a la oración de todo el pueblo santo de Dios, para que el Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, conceda paz, serenidad y justicia a todas las partes", concluyeron.
El caso de Víquez Lizano
El exsacerdote Mauricio Víquez Lizano fue durante un tiempo vocero de la Iglesia en Costa Rica y, según Maikol Rodríguez Solera y Anthony Venegas Abarca, abusó de ellos cuando tenían 13 y 14 años respectivamente.
Ambos acusaron al Arzobispo de San José, Mons. Rafael Quirós, de haber encubierto a Víquez por supuestamente no haber actuado cuando recibió las primeras denuncias en 2003.
En ese entonces el P. Quirós se desempeñaba como Vicario y el Arzobispo era Mons. Hugo Barrantes.
Mons. Quirós ha negado las acusaciones de encubrimiento y dijo que la denuncia formal canónica contra el exsacerdote se presentó en 2018.
En un comunicado del 14 de febrero, la Arquidiócesis indicó que en 2003, cuando recibió las acusaciones contra Víquez por primera vez en su calidad de Vicario, el entonces P. Quirós "informó al Arzobispo de San José, Mons. Hugo Barrantes Ureña. Respondiendo a esta queja y solicitud de quienes la interpusieron, el sacerdote Víquez Lizano fue removido del oficio de párroco y se decidió no iniciar ninguna acción que lesionara la buena fama de los menores afectados como en la conversación fue solicitado. A partir de ese momento nunca más tuvo oficios parroquiales".
El texto indica además que quienes acusaron a Víquez pidieron 200 mil dólares cada uno, una solicitud "que fue rechazada por el Arzobispo".
En enero Víquez fugó de Costa Rica y el 25 de febrero fue expulsado del estado clerical. Actualmente tiene orden de captura internacional.
En declaraciones recientes a Radio Fides, el Obispo Auxiliar de San José, Mons. Daniel Blanco, negó que la Iglesia conozca el paradero de Víquez y le pidió que regrese a Costa Rica para enfrentar a la justicia.
De otro lado, el P. Manuel Guevara Fonseca, también acusado de abusos sexuales contra una persona menor de edad, fue detenido el 28 de febrero, tras lo cual la Arquidiócesis de San José lo removió de su cargo de párroco.
El 1 de marzo fue liberado, pero deberá acudir al juzgado a firmar cada 15 días.
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