La Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión de Argentina rechazó el proyecto que busca rebajar la responsabilidad penal de los adolescentes pues, advirtió, su aprobación solo aumentará la violencia en la sociedad, sostuvieron.
El proyecto plantea que la edad de imputabilidad baje de 16 a 15 años. Los adolescentes serán imputables a esa edad por los delitos graves de homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro con extorsión y robo con armas de fuego.
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En tanto, los mayores de 16 y menores de 18 años podrán ser imputados e ir a la cárcel cuando cometan un delito con una pena igual o mayor a 10 años. Aún así el plazo máximo de prisión para los adolescentes es de 15 años.
La Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, integrada por sacerdotes de la pastoral en las villas de emergencia, religiosas, juristas y especialistas; manifestó que reducir la edad de punibilidad "como respuesta a la seguridad ciudadana al margen del contexto social es demagogia punitiva, y significará profundizar en la sociedad los caminos de la violencia, convirtiendo a los adolescentes en enemigos sociales".
El comunicado publicado el 10 de enero aseguró que la propuesta es "simplista con fines electorales y sin mirar el tema en su complejidad".
"La crisis acentúa el incumplimiento de las responsabilidades que el mundo adulto tiene sobre la juventud. El 48% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina es pobre, según un estudio de UNICEF", sostuvo.
"La escuela, la vivienda y la salud están muy deterioradas, los espacios de promoción de las artes no pueden pagar la luz y cierran, los clubes se vuelven inaccesibles para los salarios que se ajustan, el desempleo crece mientras la capacidad de contención de la sociedad baja notoriamente".
Recordaron el comunicado de enero de 2017 de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, que ya advertía que la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil "no puede centrarse solamente en la persecución estatal, a través del derecho penal, de los adolescentes".
Al contrario, debe procurar "cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantiza derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal".
