Las principales asociaciones de padres de alumnos de escuelas concertadas presentaron un decálogo para expresar su rechazo al proyecto de reforma de la ley de educación que propone el gobierno socialista, pues pretende "asfixiar" a la escuela concertada, que en España está compuesta mayoritariamente por centros católicos.
El Gobierno de España presentó recientemente la tramitación parlamentaria para una nueva reforma educativa, con la que la educación concertada quedaría en graves dificultades para seguir adelante.
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La propuesta de reforma pretende presionar a la escuelas concertadas al eliminar el artículo 109.2 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que reduce el número de plazas que ofertan estas escuelas y así favorecer la enseñanza pública.
Este artículo establece que la oferta de plazas escolares se determina por la llamada "demanda social", entre otros criterios. Es decir que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres.
En el Consejo de Ministros celebrado el 4 de septiembre, Isabel Celaá aseguró que con la modificación busca "retirar el requisito de la demanda social". Según la ministra de Educación, este criterio es "un eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada".
La mayoría de las escuelas concertadas son colegios de órdenes religiosas. El concierto que mantienen con el Estado supone que éste le aporta una subvención económica. La escuela mantiene su ideario y es responsable de algunos aspectos, entre ellos, la contratación del personal.
A pesar de que el Estado proporciona una subvención a estos colegios, le supone un ahorro significativo, ya que el salario de los profesores en estos centros es inferior al que tienen en la escuela pública.
La escuela concertada es la opción elegida por cientos de miles de padres en España.
Por eso las principales asociaciones de padres de alumnos de escuela concertada de España se han unido para publicar un decálogo en el que expresan su rechazo de manera conjunta a la propuesta de reforma educativa.
Entre ellas, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Confederación de Padres de alumnos (COFAPA), Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), Escuelas católicas, Federación de enseñanza de USO (FE-USO), Sindicato independiente de Enseñanza de Madrid (FSIE).
En el decálogo subrayan los motivos por las que rechazan "el cambio en la legislación educativa española que quieren imponer":
1.Se escuda en una urgencia que no existe. Ya que los elementos más polémicos de la LOMCE, [anterior ley de educación] no se están aplicando y realmente responde a un interés interés político e ideológico partidista".
2. Carece del más mínimo consenso, fundamental para dar estabilidad al sistema educativo español; los mismos que criticaron la LOMCE por impositiva y abandonaron la Subcomisión parlamentaria del Pacto Educativo proponen ahora una nueva ley sin consenso ni participación.
3. Asfixia el derecho a la libertad de enseñanza omitiendo cualquier referencia a la misma pese a ser un pilar del artículo 27 de la Constitución.
4. Restringe el derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos, al eliminar el concepto de "demanda social" como criterio a tener en cuenta en la programación y al suprimir la referencia a los padres como principales responsables de la educación de sus hijos.
5. Relega la enseñanza concertada a un papel secundario cuando la legislación española y la europea, así como diversos pronunciamientos judiciales, reconocen su carácter complementario y por tanto en el mismo nivel que la pública.
6. "No incorpora ninguna medida que mejore las condiciones de los profesores de los centros concertados; incluso perjudica a los trabajadores de dichos centros al eliminar como criterio prioritario en la admisión de alumnos que el padre o la madre del niño trabaje en el centro.
7. "Conculca el derecho a la dirección del centro de los titulares al incluir la figura del representante del ayuntamiento en el consejo escolar de los centros como una especie de "comisarios político" que puede cuestionar el proyecto educativo por el que ha sido elegido cada centro.
8. "Suprime las referencias a la asignatura de religión" en la regulación de las distintas enseñanzas (Primaria, ESO y Bachillerato) remitiendo el cumplimiento de los Acuerdos Iglesia-Estado a un posterior e incierta normativa reglamentaria.
9. "Omite las necesarias previsiones económicas para hacer frente al coste real del puesto escolar, de manera que su financiación se equipare con la de los centros públicos.
10. "Adopta algunas medidas académicas dudosas se proclama la importancia de la evaluación pero se reducen los requisitos para promocionar (en Bachillerato se podrá titular con una materia suspensa) y se limita o se oculta el conocimiento de las pruebas de diagnóstico.
