La Corte de Apelaciones de Rancagua (Chile) rechazó el recurso de protección presentado por el Obispado de Valparaíso y permitió que continúe la investigación civil de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia.
El recurso de protección y la orden de no innovar presentado por el obispado el 13 de septiembre cuestionaba la incautación realizada ese día por la Fiscalía de la Región de O'higgins en sus dependencias bajo el argumento de que no cumplía con las normas de plazos de aviso, entre otras razones.
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El recurso fue acogido en primera instancia e impedía temporalmente a la fiscalía hacer diligencias, como allanamientos e interrogatorios.
Sin embargo, este martes 23 de octubre la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso y dejó sin efecto la orden de no innovar, lo que permite al Ministerio Público utilizar el material incautado en el obispado para seguir con las investigaciones sobre los casos de abusos.
"Solo buscábamos resguardar principios fundamentales de nuestra legislación en Chile, como son cuidar y proteger la dignidad y los derechos de todos los ciudadanos, y colaborar con la mayor eficacia con la justicia", señaló el Obispado de Valparaíso tras conocerse el rechazo del recurso.
"Reiteramos una vez más que este obispado siempre ha estado y estará dispuesto a colaborar con la justicia", sostiene el comunicado.
Envío de investigación previa a Roma
En tanto, la Diócesis de Calama informó que se ha enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe la investigación previa realizada al sacerdote Jordi Jorba Navarro, denunciado por abuso sexual de un menor de edad en 2003.
La denuncia fue hecha pública por la diócesis el 5 de julio de este año y se refiere a un hecho ocurrido en el año 2003. En ese entonces el presbítero ejercía su ministerio en la parroquia Asunción de la Virgen.
Tras completarse las etapas de investigación previa, el Obispo de Calama, Mons. Óscar Blanco Martínez, determinó el envío de los antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma, y a la fiscalía local.
Durante este período se mantienen las medidas dictadas al sacerdote, como son la suspensión de su tarea pastoral y de la celebración pública de oficios religiosos, precisa el comunicado.
La Diócesis de Calama reafirmó su "más absoluto compromiso con la verdad y la justicia" y a "garantizar ambientes sanos y seguros que favorezcan la protección de nuestros menores y adolescentes en nuestra comunidad".