El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) alertó de las intenciones del gobierno socialista de Pedro Sánchez de llevar a cabo una "desamortización encubierta" para expropiar inmuebles de la Iglesia Católica y lamentó la voluntad del PSOE de "despertar los viejos fantasmas del anticlericalismo".
El P. José María Gil Tamayo, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) dijo sin embargo sentirse "muy tranquilo" ante la decisión manifestada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por la que pretende reclamar a la Iglesia los bienes inscritos a su nombre y que el gobierno considere de dominio público.
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Según una ley publicada en 1998 y vigente hasta el año 2015, se permitía a la Iglesia registrar tanto templos como otros inmuebles a su nombre que no habían sido previamente registrados.
Aunque la CEE no dispone de datos centralizados, el vicesecretario para Asuntos Económicos del Episcopado, Fernando Giménez Barriocanal, aseguró que el número total de inmatriculaciones podría rondar las 40.000.
En ese sentido el P. Gil Tamayo precisó que esta "desamortización encubierta" podría ir "en detrimento de la acción social de la Iglesia".
En España es conocido el periodo histórico, económico y social de "la desamortización" que comenzó a finales del siglo XVIII y terminó a mediados del siglo XX. Durante este tiempo el Estado expropió de manera forzosa los bienes y tierras de la Iglesia y de las órdenes religiosas para venderlos o para que pasaran a ser propiedad del Estado.
Según declaró el vocero del Episcopado, "la Iglesia está muy tranquila" porque "lo que ha hecho la Iglesia es, cuando ha sido posible por la legislación, inscribir en el registro lo que de manera secular ha poseído".
"No queremos despertar los viejos fantasmas de un anticlericalismo que haga ahora también una desamortización reivindicando que es dominio público. Hay un derecho de la propiedad, y puede ser sujeto de ese derecho una persona individual o entes colectivos, en este caso, la Iglesia", declaró.
Además lamentó que sea un tema "recurrente" para algunos partidos.
En ese sentido el portavoz subrayó que los obispos de España tienen "confianza infinita en la justicia española en el caso de conflicto o de dudas".
"Vivimos en un Estado democrático de derecho, de defensa de libertades y derechos y, al mismo tiempo, nuestro ordenamiento ofrece posibilidades de defensa y, segundo, el marco europeo nos da una tranquilidad gigante", precisó.
Por eso destacó que "defenderán sus derechos" ya que esos bienes inmuebles "aportan a la economía más de 22 mil millones de euros al año, un 2% del PIB" (Producto Interior Bruto).
"Son bienes con un enorme interés social, no son bienes para uso y disfrute solo de los católicos, desde el patrimonio histórico artístico hasta para el ejercicio de los derechos a la libertad religiosa, el despliegue cultural, para la atención a la comunidad y, sobre todo, en el sentido de opción preferencial para los más pobres. Una de las consecuencias de desamortizar sería en detrimento de la acción social de la Iglesia", advirtió el vocero.
