Un grupo de diputados de Argentina presentó un proyecto de ley para garantizar la producción pública de misoprostol y mifepristona para la realización de abortos no punibles.
En Argentina el aborto es "no punible" (no recibe sanción) en casos de violación y riesgo de vida o salud de la mujer. Este último concepto comprende el aspecto físico, mental, emocional y social.
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El proyecto presentado el 24 de agosto es impulsado por Daniel Filmus, diputado del Partido Justicialista y exministro de Educación, Ciencia y Tecnología del gobierno de Néstor Kirchner, y cuenta con el apoyo de otros 15 legisladores de distintas coaliciones políticas.
En un comunicado, Filmus explicó que el proyecto pretende "garantizar el derecho de las mujeres al acceso equitativo a los medicamentos recomendados por la OMS para una segura interrupción del embarazo en los casos no punibles, con una disminución considerable de los riesgos, así como de los costos del sistema de salud en general".
Señaló que el proyecto prevé que los laboratorios que integran la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) "produzcan misoprostol y mifepristona", y que el Ministerio de Salud "los incluya en el Plan Médico Obligatorio y en el vademécum de los programas de medicamentos de cobertura gratuita".
La idea, explicó el parlamentario, se basa en datos de la OMS que señalan que el uso de "medicamentos esenciales es considerablemente menos costosa que el tratamiento quirúrgico tradicional, porque en su mayoría las interrupciones se realizan de manera ambulatoria y sin generar complicaciones de salud".
El proyecto prevé que los laboratorios de la ANLAP hagan convenios con universidades, instituciones científicas, organismos públicos y/o laboratorios privados "que posean patentes de los medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud y estén habilitados a tales fines".
Además, "incluye la obligación de adecuar la partida presupuestaria de la ANLAP para proporcionar a los laboratorios públicos apoyo financiero para la producción de dichos medicamentos".
Frente a esto, la red Unidad Provida, que congrega a unas cien organizaciones a favor de la vida, rechazó la propuesta y advirtió que "no sólo facilita irresponsablemente la práctica (del aborto), además pone en riesgo la vida de muchas embarazadas y de sus hijos".
En declaraciones a ACI Prensa, la red provida aseguró que ante el rechazo del proyecto del aborto libre en el Congreso, "es previsible que los sectores abortistas busquen nuevas vías para promover el aborto, incluso clandestino".
Catalogó de "lamentable" la promoción de leyes que pretenden "aumentar la cantidad de abortos", cuando en el debate legislativo "hubo un amplio consenso en que el aborto no debe promoverse sino prevenirse".
Por otra parte, sostuvo que "los abortos no punibles en los que se escudan son casos excepcionales. Si hubiese necesidad de aumentar la producción de Misoprostol sería porque se habría disparado descomunalmente los embarazos por abuso o los embarazos donde peligra la vida de la madre".
Para Unidad Provida, estos proyectos "ponen en evidencia los riesgos de la ideología" que llevan a "desconocer las necesidades reales y malgastar recursos cuando hay tantas urgencias, por las que sí mueren cientos o miles de mujeres".
"Respecto a las embarazadas, la prioridad ahora deberá ser puesta en proyectos que 'salven las dos vidas' atendiendo a la maternidad en situación vulnerable", concluyen.
