El Administrador Apostólico de la Diócesis de Valparaíso (Chile), Mons. Pedro Ossandón, se reunió por tercera vez con víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia, a quienes escuchó y se comprometió a "encontrar la verdad y la justicia".
"En un ambiente de mucho respeto, tomando atención a todo lo que hemos escuchado, hemos avanzado muy comprometidos y en eso hemos quedado de acuerdo para buscar la verdad y también para hacer justicia en los debidos procesos que se deben realizar", dijo el obispo a la prensa local tras el encuentro.
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Asimismo, señaló que informó a las víctimas el decreto sobre el exsacerdote Jaime Da Fonseca, expulsado del estado clerical tras ser hallado culpable de abuso sexual.
Al encuentro del 17 de agosto también asistieron integrantes del Consejo Diocesano para la Prevención y acompañamiento de víctimas, el que trabajará en un aspecto jurídico y también en la investigación académica sobre lo que significan los sistemas de abuso.
Asimismo, el consejo pretende colaborar con testimonios y con módulos formativos a la creación de ambientes sanos y seguros "para que ningún niño, ningún joven jamás puedan ser ofendidos, heridos, violentados".
"Y al mismo tiempo y lo más importante", continuó el Prelado, "les hemos contado que el Consejo de Prevención Diocesano va a trabajar en el acompañamiento a víctimas, eso es tremendamente importante".
"Comprendan que eso es sagrado, hay que ser muy respetuoso, aquí hay dolor, hay que ponerse en el lugar de las personas y aunque uno no pueda entender los graves dolores que ha vivido una persona, uno tiene que ponerse al servicio para que junto con quienes han sufrido, nosotros podamos dar una buena noticia de que es posible sanarse. Lo más importante para buscar la verdad y administrar la justicia es la reparación", destacó.
Investigación Previa
En este contexto, el Obispado de Valparaíso (Chile) informó sobre la apertura de una investigación previa por presunto abuso sexual en contra del sacerdote Carlos Morales Grandón por hechos ocurridos en 1986.
Mientras dure la investigación, iniciada el 16 de agosto, el acusado queda suspendido del ministerio público de su sacerdocio y se le fijó residencia en Valparaíso.
En tanto, al denunciante se le ofreció ayuda y se le solicitó entregar los antecedentes al Ministerio Público.
En su declaración, el Obispado de Valparaíso señaló que el sacerdote ya había sido sometido a una investigación canónica en 2011 por la Provincia Chilena de la Orden de la Merced, ya que el hecho denunciado ocurrió en 1976 cuando el presbítero era religioso mercedario.
En ese caso, tras ser presentado ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, el juicio y decreto definitivo lo realizó el Obispado de Valparaíso el 12 de agosto de 2012, ya que a esa fecha el sacerdote estaba incardinado en esta circunscripción eclesiástica.
La sentencia dictaminó que "si bien (los hechos) son graves, no configuran el delito sexual de menores". El acusado quedó suspendido del ejercicio del ministerio por cinco años desde el 12 de agosto del año 2012.
