Los obispos de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) se pronunciaron ante la consulta anticorrupción que se realizará el domingo 26 de agosto y señalaron que la iniciativa no es suficiente y que el compromiso para luchar contra este flagelo debe ser de todos.
El domingo 26 de agosto los colombianos votarán "sí" o "no" a siete propuestas para combatir la corrupción en el país: reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado, cárcel para los corruptos y prohibición de contratar con el Estado, contratación transparente, creación de presupuestos con la participación de la ciudadanía, que los congresistas rindan cuentas de su gestión, que se hagan públicas las propiedades e ingresos no justificados de los políticos elegidos para algún cargo, y que los políticos elegidos no estén más de tres periodos en las corporaciones públicas.
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Según explica la Registraduría, para que los resultados de la consulta tengan validez, al menos 12 millones de personas deben votar y cada una de las preguntas debe tener el apoyo de al menos 6 millones de ciudadanos.
En su comunicado del 17 de agosto, los prelados reiteraron "el urgente llamado a luchar contra la corrupción en todas sus formas. Hay que acabar con la corrupción para poder caminar con decisión hacia los grandes propósitos nacionales".
Tras señalar que la "corrupción acarrea pobreza, injusticia, desigualdad, exclusión, violencia y muerte, y toda acción corrupta retrasa las dinámicas del progreso integral de una comunidad y frustra las esperanzas de muchísimos hombres y mujeres", los obispos comentaron que la consulta del 26 de agosto no basta para derrotar este mal.
"Si bien esta consulta representa una oportunidad para fortalecer la participación ciudadana, debemos tener presente que no es suficiente para acabar la corrupción", indicaron los obispos de la CEC.
"Al margen de los resultados, hay que multiplicar y fortalecer las iniciativas que procuren la formación de la conciencia, la cultura de la legalidad, la educación integral de las personas, la transmisión de los valores, la participación y las veedurías ciudadanas, la atención a las necesidades de los más pobres e indefensos".
Luego de reiterar que todos deben comprometerse en la lucha contra la corrupción, los prelados alentaron a fortalecer "la institucionalidad para que implemente políticas y controles que garanticen la transparencia en la realización de un verdadero proyecto nacional y en la administración de los recursos públicos".
"Encomendamos a Dios el próximo ejercicio democrático y los procesos que resulten de él para el bien de todos los colombianos", concluyeron.
Se estima que cada año el país sudamericano pierde alrededor de 16,5 millones de dólares por la corrupción.
Asimismo, en los últimos años más de 19 mil personas han sido sancionadas por actos de corrupción.
En la "Encuesta global sobre el fraude 2016" de la consultora Ernst & Young, el 80% de los empresarios colombianos admitió que en sus negocios hay corrupción y el 30% dijo que está dispuesto a falsificar estados financieros y pagar sobornos para conseguir un contrato.