La Corte Suprema del estado de Pensilvania (Estados Unidos), publicó este martes un informe que detalla más de mil presuntos casos de abuso sexual por parte de miembros del clero durante varias décadas en seis de sus diócesis.
El informe difundido el 14 de agosto detalla las denuncias hechas en las diócesis de Allentown, Erie, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh y Scranton, sobre las evidencias de abusos y encubrimientos sistemáticos durante los últimos 70 años, desde 1947 hasta 2017.
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El informe de 884 páginas fue escrito por 23 miembros de un gran jurado, que durante 18 meses examinó medio millón de páginas de documentos. El FBI ayudó con la investigación.
El documento afirma haber identificado más de 1.000 víctimas de 300 sacerdotes acusados de manera creíble y denuncia los esfuerzos de las autoridades eclesiásticas por ignorar, ocultar o encubrir las acusaciones, ya sea para proteger a los sacerdotes acusados o para evitar el escándalo en la Iglesia.
El informe también identificó una serie de prácticas en las diócesis, que en conjunto constituían una "guía para ocultar la verdad".
Estos incluyen el uso de frases como "confundir sentimientos" o "contacto inapropiado" en lugar de referirse explícitamente a violación o abuso sexual; o asignar sacerdotes para investigar a otros, en lugar de utilizar personal calificado y objetivo.
Como consecuencia del encubrimiento, casi todos los casos son demasiado antiguos como para ser juzgados, aunque se han presentado dos imputaciones. Hasta ahora, un sacerdote, el P. John Sweeney, ha sido declarado culpable de agredir sexualmente a un estudiante a principios de la década de 1990.
El informe precisa que si bien el número de víctimas se estimó en más de mil, el número real no es cuantificable.
La mayoría de las víctimas de los casos examinados por el gran jurado eran hombres. Las edades de las víctimas iban desde pre-púberes a seminaristas jóvenes adultos.
Los sacerdotes mencionados en el informe son acusados de varios crímenes, incluyendo violación, abuso sexual y tocamientos indebidos. El informe indica que algunos de los presbíteros habrían manipulado a sus víctimas con alcohol y pornografía.
Aproximadamente dos tercios de los sacerdotes acusados han muerto. El acusado más joven nombrado en el informe nació en la década de 1990.
En las últimas décadas, la Iglesia en los Estados Unidos implementó una serie de medidas proactivas destinadas a crear un entorno más seguro para los niños. Esto incluyó un proceso de selección más estricto de seminaristas, capacitación para los trabajadores de la parroquia sobre cómo identificar y prevenir el abuso, y nuevas políticas sobre cómo una diócesis debe responder a una mala conducta denunciada.
Respuesta de los obispos de Pensilvania al informe
En una declaración emitida por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), los prelados expresaron su "vergüenza" por las conclusiones del informe.
"Como un cuerpo de obispos, nos sentimos avergonzados por los pecados y omisiones de los sacerdotes y obispos católicos. Oramos para que todos los sobrevivientes de abuso sexual encuentren curación, consuelo y fortaleza en la amorosa presencia de Dios mientras la Iglesia se compromete a continuar restaurar la confianza mediante el acompañamiento, la comunión, la responsabilidad y la justicia".
Además, de la USCCB, la seis diócesis implicadas en el informe publicaron declaraciones por separado en las que reconocían fallas para proteger a los niños y se comprometían a trabajar para que estos hechos no vuelvan a ocurrir nunca más.
Por ejemplo, el Obispo de Harrisburg, Mons. Ronald W. Gainer, dijo en una declaración que estaba "entristecido" por el informe, "porque una vez más leemos que los niños inocentes fueron víctimas de actos horrendos cometidos contra ellos".
También se disculpó nuevamente con los sobrevivientes y con la sociedad, tanto por los abusos del pasado como por los funcionarios de la Iglesia que permitieron que ocurrieran.
El obispo dijo a los fieles que las políticas habían cambiado para garantizar un entorno más seguro y que "la seguridad y el bienestar de nuestros niños es demasiado importante como para no tomar medidas inmediatas y definitivas".
