La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), llamó al Gobierno "a cesar la represión violenta contra los ciudadanos" y las detenciones arbitrarias de opositores, a quienes se acusa de participar en el "atentado" contra el presidente Nicolás Maduro.
Este 9 de agosto en su cuenta de Twitter el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lanzó la orden de detención contra el diputado Julio Borges, opositor y expresidente de la Asamblea Nacional refugiado en Colombia. Maduro lo acusa de participar en el "atentado" con drones del sábado 4.
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Además, el servicio de inteligencia detuvo al diputado opositor Juan Requesens, luego que Maduro también lo acusara de ser "uno de los responsables" del presunto atentado.
La orden contra Borges y la detención de Requenses se dieron luego que la Asamblea Nacional Constituyente –controlada por el Gobierno– revocó la inmunidad parlamentaria de ambos.
Además, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo el lunes que se había identificado a los autores materiales y colaboradores del supuesto atentado. Ese día las autoridades informaron que fueron detenidos seis sospechosos.
Ante esto, la Comisión de la CEV publicó este jueves un comunicado en el que señaló que la investigación de hechos punibles, como el presunto atentado, debe realizarse a través de "los canales propios del proceso penal llevado por los Tribunales competentes que impliquen la existencia del delito y su tipificación".
En ese sentido, advirtió que los indicios o presunciones de responsabilidad penal no deben llevar "a detenciones arbitrarias, tratos crueles o inhumanos, torturas y desapariciones forzadas", que atentan contra la integridad física y psíquica de los ciudadanos.
Por ello, instó "al gobierno nacional a cesar la represión violenta contra los ciudadanos, acciones que se suman a la situación de crisis de inseguridad y desequilibrio social que vive el país".
Además "invitamos a todos los grupos y vicarias de derechos humanos a estar atento de violaciones de derechos humanos, sistematizar todas las acciones y denunciar en las instituciones rectoras todo acto que viole el debido proceso".
