El Arzobispado de Santiago de Chile aclaró en un comunicado cómo procedió ante la denuncia de abusos sexuales cometidos por el sacerdote Oscar Muñoz Toledo, excanciller que en enero renunció a su cargo tras autodenunciarse por abuso a un menor de edad.
Hasta el momento serían siete los casos de abuso sexual y estupro contra menores de edad cometidos por el sacerdote de 56 años. Estos son investigados por el Ministerio Público de la Región de O'Higgins, donde habrían ocurrido.
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Tras indagar en los documentos incautados al Tribunal Eclesiástico de Santiago y archivos personales del sacerdote, la fiscalía regional de Rancagua ordenó el 12 de julio la detención y formalización de Muñoz por los delitos de abusos contra menores y estupro.
El sacerdote fue enviado a prisión preventiva al módulo 1 de la cárcel de Rancagua. La investigación tiene un plazo de 180 días.
En su comunicado, el Arzobispado de Santiago explicó que el 29 de diciembre de 2017 Muñoz se autodenunció "de forma verbal" ante el Arzobispo, Cardenal Ricardo Ezzati, por el abuso sexual contra un familiar suyo.
"El Arzobispo le solicitó presentar su autodenuncia por escrito a la Oficina Pastoral de Denuncias (OPADE)", y que concretó el 2 de enero de 2018.
El 5 de enero, el Cardenal Ezzati instruyó el inicio de una investigación previa y decretó las medidas cautelares de "restricción absoluta del ejercicio público del ministerio sacerdotal; cese del oficio de párroco; cese del oficio de Canciller; se le fija residencia".
El 31 de enero culminó el proceso de investigación previa que acredita la "verosimilitud de la autodenuncia, y también, el testimonio de otros hechos delictuales en el círculo familiar".
Al día siguiente, 1 de febrero, "dado que en la investigación previa se ven involucrados menores de edad, el Arzobispo envía el expediente a la Congregación para la Doctrina de la Fe, como estipula el documento Delicta Graviora (Los Delitos más Graves) de la Sede Apostólica".
El 1 de junio, la OPADE recibió una denuncia de abuso sexual de un menor de edad en contra del P. Muñoz, la que se adjuntó a la causa presentada en la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Un mes después, el 6 de julio, el Cardenal Ezzati recibió del dicasterio vaticano una carta con fecha 19 de junio de 2018 que pide comenzar un proceso administrativo penal. El Arzobispo inició ese mismo día lo solicitado.
"Por tanto, no es efectivo –como han informado algunas versiones de prensa- que el Arzobispado tuviera conocimiento de los hechos antes de la autodenuncia del presbítero Muñoz Toledo" aclaró el Arzobispado de Santiago.
Incautación de documentos
Un proceso inédito comenzó en junio de este año con la orden de incautación de archivos eclesiásticos por parte de la justicia civil chilena, con el propósito de recabar toda la información proveniente de las denuncias relacionadas al caso Muñoz Toledo.
El Arzobispado de Santiago y la Diócesis de Rancagua son las sedes que han recibido la orden de incautación de todas las investigaciones realizadas por la Iglesia desde 2007 que involucran abusos contra menores de edad y otros ilícitos por parte de sacerdotes de Rancagua.
En tanto, las diócesis de Villarrica y Temuco también recibieron en julio órdenes de incautamiento de sus archivos a raíz de las investigaciones que la justicia civil realiza sobre denuncias de abusos sexuales.
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