La Compañía de María (marianistas) en Chile informó en un comunicado el inicio de una investigación civil contra uno de sus miembros acusado de abuso sexual.
Se trata del Hermano José Lara Burgos, profesor del Instituto Miguel León Prado de la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana. La víctima sería un exalumno del establecimiento.
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El martes 3 de julio el acusado fue informado sobre la denuncia y el 11° Juzgado de Garantía de Santiago le prohibió acercarse a la víctima y salir del país durante los 180 días que durará la investigación.
La congregación informó que el 7 de mayo recibió la denuncia por parte de la familia de la víctima, y determinó abrir una investigación canónica contra el acusado, suspenderlo de sus funciones y prohibirle tener contacto con menores de edad mientras duren las pesquisas, además de hacerse parte de la denuncia civil.
En su comunicado los marianistas rechazaron "categóricamente cualquier tipo de abuso, especialmente en contra de niños y jóvenes, quienes son la razón de ser y el centro de la Comunidad Educativa Marianista, por lo que reiteran la total disposición para seguir colaborando en la investigación y el esclarecimiento de la verdad".
Por otra parte, el Obispo de Calama, Mons. Óscar Blanco, anunció la apertura de la investigación previa a un sacerdote acusado de abuso sexual contra un menor de edad en 2003.
El acusado es el P. Jordi Jorba Navarro, párroco de la Asunción de la Virgen, y que ha sido suspendido de sus labores pastorales y del ejercicio público del ministerio sacerdotal.
"Conforme lo indique la indagación que se ha encargado, se resolverá continuar con la investigación del caso, trasladándolo si correspondiere a la Congregación para la Doctrina de la Fe", afirmó Mons. Blanco en un comunicado.
El Prelado indicó que las personas que deseen presentar denuncias pueden comunicarse al correo electrónico escuchar.calama@gmail.com y al número telefónico +56 994180200.
En tanto, el Obispado de Chillán recibió el 16 de junio una denuncia por abuso sexual en contra del sacerdote Héctor Bravo Merino.
El obispo local, Mons. Carlos Pellegrin, decretó el 21 de junio una investigación previa de 30 días para determinar la verosimilitud de la denuncia, según indica un comunicado.
El Obispado también informó que el sacerdote denunciado, tras ser consultado por un canal de televisión sobre hechos, solicitó que se inicie "una investigación canónica y concurrió voluntariamente el 20 de junio a la Fiscalía local a informar de lo que le expresó el periodista, y se puso a disposición para cooperar en el caso de que se formalizara una denuncia".
Los obispos de Calama y de Chillán expresaron su pesar por estos hechos y reiteraron su compromiso con las víctimas y el esclarecimiento de la verdad conforme a las Líneas Guía "Cuidado y Esperanza" de la Conferencia Episcopal de Chile.
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