Los obispos del departamento del Chocó (Colombia), denunciaron la grave crisis humanitaria que se vive en esta región ubicada en la zona del Pacífico debido a la inacción del Gobierno ante el embate de grupos armados ilegales y de la delincuencia común.
En un comunicado publicado el 5 de julio en el sitio web de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), los obispos de las diócesis de Apartadó, Itsmina-Tadó, y Quibó; junto al Foro Interétnico Solidaridad Chocó y la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, denunciaron esta grave situación y exigieron al Gobierno acciones concretas.
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En el texto se señala que se ha avanzado poco en la implementación de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y, al no controlar integralmente los territorios dejados por la guerrilla narcoterrorista, ha dejado a los pobladores del departamento del Chocó "en gran indefensión, a merced de grupos paramilitares, ELN y otros actores armados".
Si bien el Ejército y la Marina realizan operaciones en el territorio, estas "no son suficientes para contrarrestar el accionar de los grupos al margen de la ley. El Ejército tiene una red de informantes de la población civil, lo cual es violatorio del principio de distinción, y al implementar obras de infraestructura, actividades sanitarias y de integración social, pone en grave riesgo a la población civil por la intensidad del conflicto armado en la región".
Actualmente en los grandes centros urbanos del Chocó "la tasa de homicidios supera el promedio nacional; en ellos, actores armados ilegales ejercen control territorial de extensas zonas, extorsionan a pobladores sistemáticamente, construyen fronteras invisibles, imponen horarios para la movilidad de sus pobladores, restringen el acceso de foráneos, ejercen el microtráfico (de drogas), utilizan a niños y adolescentes como informantes (campaneros), y con mucha frecuencia violan a menores de edad".
Otro agravante es la presencia del autodenominado "Clan del Golfo" que "ocupa y disputa territorios étnicos". Este grupo, alerta el comunicado, "se financia con la economía ilegal en minería, participa en la cadena de valor de la cocaína, extorsiona y obliga a personas de las comunidades para que sean sus informantes".
De otro lado, la guerrilla del ELN prosigue con sus acciones terroristas reclutando a "menores de edad afros e indígenas", obligando a las comunidades a participar en sus reuniones y obstaculizándoles "sus labores tradicionales".
En ese sentido, recordaron que el 13 de mayo "el ELN interrumpió una fiesta comunitaria" y "asesinó a José David Hurtado Mosquera en Pogue-Bojayá".
Por ello exigen al Gobierno que garantice la libre movilidad y la seguridad de los líderes, comunidades y organizaciones en el territorio chocoano; "que cumpla las salvaguardas y compromisos establecidos en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz; que desintegre a los grupos armados ilegales, y que atienda la grave crisis humanitaria, social y ambiental en el Chocó".
También solicitan a los Organismos de Control ejercer con mayor eficacia su responsabilidad frente a la protección de los derechos humanos en el departamento del Chocó.
Asimismo llaman al Gobierno y al ELN a asumir las exigencias del Acuerdo Humanitario y establecer un cese al fuego bilateral urgente, "respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario".
Además solicitan a las autoridades implementar el acuerdo de paz con las FARC.
Finalmente solicitan "que continúe la Mesa de Diálogos con el ELN en La Habana, con criterios de verdad y de coherencia, y en el respeto a la confianza del pueblo colombiano".
