Unos 1900 profesionales y estudiantes de Derecho firmaron una carta dirigida al Senado del Congreso de la Nación Argentina donde advierten las "graves falencias jurídicas" del proyecto de aborto.
El proyecto de aborto aprobado el 14 de junio por la Sala de Diputados, ingresará a discusión en la Cámara Alta el 27 de junio y se estima sea votado el próximo 8 de agosto.
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La carta fue entregada el 26 de junio y en esta los firmantes expresan su intención de "velar por el imperio del Estado de Derecho a través del respeto de la Constitución Nacional". Por tanto solicitan a los senadores una revisión seria y profunda del proyecto.
"El proyecto de ley destruye la frágil base sobre la que descansa la convivencia de los argentinos y que no es otra que el respeto irrestricto del Estado de Derecho, en especial de la Constitución Nacional, condición necesaria para tener una sociedad libre, respetuosa del pluralismo y la diversidad", describe la carta.
El proyecto de aborto "constituye una legalización amplísima, de carácter gratuita, a ser impuesta en las provincias través del Código Penal, y avasallando derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales con jerarquía constitucional".
Los letrados sostienen que "el Congreso no puede sancionar una norma de rango inferior que viole de forma tan clara normas de jerarquía superior", como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, advierten que con la iniciativa "se aspira a crear un derecho al aborto con fondos públicos que puede ser ejercido hasta el momento mismo del nacimiento, con amenaza de cárcel para los médicos" que se nieguen a realizar esta práctica.
En ese sentido, los juristas alertaron que la normativa obliga a profesionales y establecimientos de salud a "matar a todos los niños por nacer previo a la realización del aborto cuando tengan más de 20 semanas de gestación" debido a la amplitud de las causales.
Esto porque el documento "Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud" de la Organización Mundial de la Salud (OMS), obliga a los médicos a la "inducción de la muerte fetal antes del procedimiento".
Dado lo anterior, se matarán "a personas por nacer con síndrome de Down, labio leporino, espina bífida o aun por razón de su sexo en cuanto el embarazo cause un peligro a la salud concebida en términos amplísimos", advierten.
Los juristas sostienen que si se quiere "terminar con el aborto clandestino y sus nefastas consecuencias, los medios utilizados no son válidos desde el punto de vista de nuestro ordenamiento positivo vigente".
"Es responsabilidad del Congreso de la Nación buscar una solución que respete nuestro sistema constitucional y que considere alternativas superadoras, que permitan respetar todos los derechos en juego".
La carta también cuestiona la creación de un registro discriminatorio de objetores de conciencia y la prohibición "arbitraria" de la objeción institucional.
Al final de la carta se mencionan 13 constituciones de provincias argentinas que defienden la vida desde la concepción.
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