El pasado martes 26 de junio, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó con el único voto en contra del Partido Popular (PP), la tramitación de la propuesta de ley del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para regular la eutanasia.
El PSOE propone que la eutanasia se incluya como una prestación más en el sistema nacional de salud, y debería ser el propio paciente quien pida este procedimiento según sus "valores vitales".
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Solo se puede aplicar cuando el paciente sufre "una enfermedad grave e incurable o discapacidad grave y crónica". También contempla la objeción de conciencia y la creación de una comisión de control "de todo el proceso".
Una vez solicitada la eutanasia, el enfermo debe ser informado por dos médicos que también darán su parecer sobre la situación del paciente. Posteriormente pasará por varias comisiones de seguimiento, quienes tendrán la última palabra.
En total, el proceso no durará más de 32 días desde la petición hasta la resolución final.
La proposición de ley sólo fue rechazada por el PP, que advirtió que esto significa reconocer la derrota profesional, política, médica y social ante los enfermos.
Desde el Partido Popular señalaron que se trata de una "irresponsabilidad" y subrayaron que "cuando hay una red de cuidados paliativos, las demandas de eutanasia descienden exponencialmente".
También destacaron que esta legislación plantea como habitual una situación excepcional y por eso destacaron la importancia de fomentar y asegurar los cuidados paliativos al final de la vida.
Desde el Foro de la Familia han criticado esta propuesta de ley y la han calificado de "innecesaria y sin demanda social". "El PSOE confunde eutanasia con libertad y, obviando los verdaderos problemas la introduce en el Parlamento", aseguró Ignacio García-Juliá, presidente de este foro.
García-Juliá también señaló que con esta ley "se rompe el vínculo de confianza entre médico y paciente y se abre la puerta a que se empiece a prescribir como solución más barata, como sucede en países donde este tipo de leyes están activas".
Además advirtió que esta ley "deja coladeros como el sufrimiento psíquico intolerable o el término gran discapacitado, que en su literalidad es una grave discriminación a este colectivo" e insistió en que ésta parece una norma "que indica que sólo tienen derecho a vivir los jóvenes, las personas sanas y felices, que fuera de esto no merece la pena".
