El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, aseguró que los hospitales católicos del país deberán realizar abortos después de que entre en vigencia la nueva legislación.
Según informó el 12 de junio la BBC de Londres, el jefe de gobierno irlandés dijo a la Cámara Baja del Parlamento que doctores, enfermeras o parteras podrían optar por no realizar procedimientos por motivos de conciencia, pero que esta opción no se extenderá a los hospitales financiados con fondos públicos, entre los cuales hay centros católicos.
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"No será posible que los hospitales financiados con fondos públicos, sin importar quién sea su patrón o propietario, opten por no prestar estos servicios necesarios que serán legales en este Estado una vez que esta legislación sea aprobada por el Dáil (Cámara Baja) y el Seanad (Senado)", dijo el primer ministro, y agregó que está "feliz" por dar "esa seguridad".
Las declaraciones se dieron ante las preguntas de varios parlamentarios sobre la nueva regulación del aborto en el país, luego del referéndum del 25 de mayo que derogó la Octava Enmienda de la Constitución que protegía el derecho a la vida de la madre y del niño por nacer.
Según se informó, el Gobierno está redactando una legislación que permitirá el aborto hasta las 12 semanas de gestación, y hasta las 24 semanas en algunos casos.
Dos de los hospitales más grandes de la capital Dublín le pertenecen a órdenes religiosas. El Grupo San Vicente de la Salud, que incluye el Hospital de la Universidad de San Vicente, es propiedad de las Hermanas de la Caridad, mientras que las Hermanas de María son dueñas del Hospital Mater.
"Al igual que en la legislación para la Ley de protección de la vida durante el embarazo de 2013, se necesitarán hospitales como, por ejemplo, Holles Street –que es un hospital voluntario católico–, Mater, San Vicente y otros, y se espera que lleven a cabo cualquier procedimiento que sea legal en este Estado y que es el modelo que seguiremos", continuó Varadkar.
En una columna de opinión publicada el 14 de junio, el doctor en teología moral y editor-consultor de The Catholic Herald, P. Alexander Lucie-Smith, afirmó que estos centros ya no podrán seguir siendo católicos si el Gobierno les obliga a realizar abortos y les retira la facultad de elegir a sus empleados sobre la base de si son objetores de conciencia o no.
"Que un hospital de propiedad católica (si bien financiado por el Estado) se verá obligado a proporcionar abortos, significa que la Iglesia enfrenta una dura decisión. Tal vez pueda luchar contra la medida y hacerla revocar en los tribunales. Pero si eso falla, entonces solo hay una cosa que hacer, y es cerrar los hospitales", afirmó el sacerdote.
Aseguró que "es simplemente imposible que un hospital católico proporcione abortos" y, si llega a hacerlo, "deja de ser católico, ipso facto".
"Esto presenta un paralelo cercano con el caso de las agencias de adopción católicas en Gran Bretaña, que se vieron obligadas a cerrar porque no estaban dispuestas (con toda razón) a facilitar las adopciones homosexuales, como lo exigía la legislación gubernamental", recordó el P. Alexander.
Haciendo un paralelo con Gran Bretaña, aseveró que en Irlanda también "los derechos de conciencia están siendo erosionados".
"Esta legislación viola la voluntad de los fundadores de los hospitales católicos y sus órganos rectores. Obliga a los miembros de los órganos rectores a cooperar con el aborto, algo que ningún católico podría hacer", denunció.
Finalmente, el P. Alexander dijo que como el "único resultado posible" es el cierre de los hospitales católicos, espera "que los miembros del Dail vean esto por lo que es, y piensen de nuevo".
