El Obispo de Chilpancingo-Chilapa (México), Mons. Salvador Rangel Mendoza, desmintió que el P. Germain Muñiz García, asesinado junto al P. Iván Añorve Jaimes el 5 de febrero en una carretera mexicana, tuviera vínculo alguno con el crimen organizado, como aseguró recientemente la Fiscalía General del Estado de Guerrero.
En un comunicado difundido el 7 de febrero, Mons. Rangel Mendoza aseguró que el P. Muñiz García "nunca estuvo vinculado a ningún grupo delictivo".
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Sin embargo, precisó que el fallecido sacerdote "tenía conocimiento por la naturaleza misma de su trabajo pastoral, de operación de algunos grupos en esa zona, pues al ser un párroco y persona pública tenía que desplazarse por la zona donde estaban asentados esos grupos, para atender a las diferentes comunidades".
Con su comunicado, el Obispo mexicano respondió a las acusaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que aseguró que el sacerdote asesinado pertenecía "a un grupo delictivo, en razón de las fotografías y notas que circularon en redes de sociales del sacerdote", difundidas meses atrás, en que se le ve con un rifle junto a delincuentes encapuchados.
De acuerdo a las autoridades, ambos sacerdotes viajaron al Municipio de Taxco de Alarcón para participar en una fiesta. Ahí, según la Fiscalía, "se tiene conocimiento que acudieron muchas personas pertenecientes a diversos grupos delictivos, tanto del Estado de Guerrero, como de los Estados de Morelos y Estado de México".
"En dicho baile no hubo seguridad municipal, estatal o federal, puesto que el apoyo de seguridad preventiva para la celebración de dicho baile no fue solicitada a ninguna autoridad por los organizadores", añade.
Para la Fiscalía, un conflicto durante la fiesta "desencadenó el ataque armado" que acabó con la vida de los sacerdotes mexicanos.
En el vehículo en el que murieron los sacerdotes también viajaban cuatro personas que sobrevivieron al ataque, entre ellas la hermana del P. Germaín.
Para Mons. Rangel Mendoza hay serias inconsistencias en la versión de la Fiscalía.
"Nos causa extrañeza la declaración del Fiscal, en relación a que, en un mismo lugar, Juliantla, Guerrero, se hayan reunido 'integrantes de grupos delincuenciales de Morelos, Estado de México y Guerrero', sin haber reportes de algún enfrentamiento entre ellos o participantes del evento. Así mismo hacemos notar la ausencia de la fuerza pública, estatal o municipal sabiendo de la presencia de estos grupos señalados", señaló el Prelado.
La vecina Arquidiócesis de Acapulco también expresó sus críticas a la Fiscalía en un comunicado.
"Nos parece extraño que personas pertenecientes a grupos delictivos diferentes, portando armas, hayan podido convivir en el baile, sin incidente alguno. No parece ser su actuar ordinario", indicó.
Además, señaló, los cuatro sobrevivientes del ataque aseguraron "que no tuvieron ningún conflicto dentro del recinto del baile".
"Estos cuatro sobrevivientes relatan que al venir de regreso a Taxco rebasaron el carro de los agresores, que fue tras ellos, los alcanzó, les obstruyó el paso y los baleó", señaló la Arquidiócesis de Acapulco.
Sobre la fotografía del sacerdote portando un arma de fuego junto a delincuentes, Mons. Rangel Mendoza dijo a la prensa que si bien "fue una gran imprudencia", por la cual lo reprendió en su momento, el P. Muñiz García "tenía que atravesar todos esos territorios donde estaban los narcotraficantes", y debía "saludarlos, tenía que dialogar con ellos, lo tenía que hacer, porque tenía que pasar por su territorio, sino cómo pasaba".
El Obispo indicó que los sacerdotes fueron a la fiesta "a ofrecer su música y a ver si les permitían cantar algunas canciones".
En su comunicado, el Prelado pidió que "las investigaciones sean objetivas, verídicas y apegadas conforme a derecho y a la verdad de los hechos", y que si la Fiscalía asegura que el sacerdote pertenecía a algún grupo delictivo, "se le exhorta que determine concretamente a qué grupo delictivo pertenecía y que no se limite a hacer simples señalamientos".
Además, exigió a la Fiscalía del Estado de Guerrero "una copia completa y certificada de la carpeta de la investigación que sustentan los dichos declarados, ya que como Fiscal tiene la obligación de esclarecer la realidad de los hechos, sustentándolos en pruebas fehacientes y verídicas".
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- ACI Prensa (@aciprensa) 5 de febrero de 2018