El gobierno autonómico de la región de Andalucía (España) ha publicado de manera oficial la "Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTB y sus familiares en Andalucía".
Con esta ley se obligará a los medios de comunicación y centros escolares, incluidos los colegios católicos, a aceptar la ideología de género y penará con multas desde 6 mil a 120 mil euros el incumplimiento de los aspectos de esta ley.
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Según precisa la ley, "la diversidad sexogenérica es una realidad patente que está transformando a gran velocidad las formas y tradiciones de entender las sexualidades, las identidades y los derechos que lleva aparejados".
Por eso, aseguran que "esta transformación está alcanzando una veloz y progresiva aceptación y reconocimiento social, lo que obliga a las instituciones a regular esta nueva realidad".
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) se recoge que esta nueva ley adoptará "las medidas necesarias para transformar los contenidos educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica basadas en la orientación sexual" tanto en el ámbito de la enseñanza privada, pública y concertada.
La mayor parte de las escuelas concertadas, es decir, que se financian con fondos públicos y aportaciones económicas de los padres de los alumnos, son centros católicos.
Tratamiento hormonal para adolescentes
Además esta ley prevé que la Junta de Andalucía no otorgue subvenciones públicas a los "centros que en su ideario planteen algún tipo de discriminación al alumnado por razón de orientación sexual, identidad de género o pertenencia a familia".
Esta ley también indica que los "menores transexuales" tendrán derecho a "recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad", para evitar el desarrollo de los caracteres sexuales no deseados y a recibir "tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad, a fin de propiciar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios deseados".
Un cambio que también se aplica a los bebés, ya que según precisan, el sistema sanitario público de Andalucía "velará para que las prácticas de modificación genital en bebes recién nacidos no atiendan únicamente a criterios quirúrgicos en un momento en el que se desconoce cuál es la identidad real de la persona intersexual recién nacida".
Medios de comunicación penalizados
En relación con los medios de comunicación, aquellos que sean de titularidad autonómica o reciban ayudas o subvenciones públicas "deberán fomentar la concienciación, divulgación y transmisión de la inclusión social y el respeto a la diversidad sexual e identidad de género, emitiendo contenidos que contribuyan a una percepción de las personas LGTBI exenta de estereotipos".
Entre las infracciones graves para los medios de comunicación también se incluirían la promoción, difusión o ejecución "por cualquier medio cualquier tipo de terapia para modificar la orientación sexual y la identidad de género con el fin de ajustarla a un patrón heterosexual y/o bisexual".
De igual manera, los medios de comunicación deberán "fomentar la concienciación, divulgación y transmisión de la inclusión social y el respeto de la diversidad sexual e identidad de género".
Para controlarlo, la Comunidad Autónoma de Andalucía adoptará una autorregulación a través de códigos deontológicos que incorporarán el respeto a la igualdad.
También estarán penados el uso y la emisión de manera reiterada de "expresiones vejatorias por razón de orientación sexual, identidad sexual o expresión de género o que inciten a la violencia contra las personas LGTBI o sus familias, en la prestación de servicios públicos en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o a través de las redes sociales.
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- ACI Prensa (@aciprensa) 27 de noviembre de 2017