Por Blanca Ruiz
El Tribunal de Cuentas de España aprobó el jueves 21 de diciembre incluir en el plan de fiscalizaciones para el año 2018 las subvenciones públicas que reciben la Conferencia Episcopal Española (CEE) y otras confesiones religiosas.
De esta manera, el Tribunal fiscalizará los fondos públicos que la CEE haya recibido durante el año 2017.
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El Tribunal de Cuentas es el órgano supremo que fiscaliza las cuentas y la gestión económica del Estado y del sector público español. Ejerce un control externo de la actividad económico-financiera y también sobre la contabilidad de los partidos políticos.
La CEE y las demás confesiones no hacen parte de las instituciones que fiscaliza el Tribunal de Cuentas por lo que esta decisión de organismo gubernamental, tomada el día 21, ha suscitado sorpresa.
Además esta decisión no fue publicada de manera oficial por el Tribunal de Cuentas, ni tampoco se ha notificado a la CEE.
Según informa la Cadena Ser, el portavoz socialista en la comisión mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Antonio Hurtado, señaló que "las confesiones religiosas son beneficiarias de recursos públicos y no podíamos admitir desde el Congreso que no se sometiesen a fiscalización".
La decisión del Tribunal de Cuentas se aplicará también a judíos, evangélicos y musulmanes respecto a las subvenciones y cualquier tipo de ayuda pública recibida.
La medida aprobada por el Tribunal también resulta inesperada considerando que la CEE habitualmente somete todo el proceso de su financiación a una auditoría externa independiente, realizada por la prestigiosa firma internacional PriceWaterhouse Coopers, que analiza el origen y el destino del dinero recibido de los impuestos de los españoles.
En esta auditoría se realiza un análisis exhaustivo y riguroso de lo que esos fondos suponen dentro del conjunto de recursos que administran las diócesis españolas.
Desde el año 2007, la CEE presenta la Memoria de Actividades Económicas al Ministerio de Economía y Hacienda, en donde informa sobre el destino del dinero recibido a través de la casilla del 0,7% que se marca en la Declaración de la Renta.
Anualmente la CEE recibe por ese concepto unos 250 millones de euros, que son donados voluntariamente por los españoles.
La fiscalización que realizará el Tribunal de Cuentas supondría duplicar esta labor ya que cada vez que alguna institución católica española, o de otra confesión, recibe una subvención pública, esta debe dar cuentas al órgano gubernamental que la otorga.
Fuentes de la CEE contactadas por ACI Prensa rechazaron hacer declaraciones sobre este tema hasta que no reciban una notificación oficial de la decisión del Tribunal de Cuentas y de su competencia al respecto.
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- ACI Prensa (@aciprensa) 22 de noviembre de 2016
