En medio de la polémica desatada en Francia tras la orden del Consejo de Estado de retirar la cruz de una estatua dedicada a San Juan Pablo II, la Primera Ministra de Polonia, Beata Szydlo, ofreció acoger el monumento en su país para salvarlo de "la dictadura de lo políticamente correcto" y la "secularización del Estado".
El 25 de octubre el Consejo de Estado de Francia, la última instancia de la jurisdicción administrativa del país, ordenó al municipio de Ploërmel, en el departamento de Morbihan, retirar la cruz de la estatua dedicada al Pontífice polaco en un plazo de seis meses porque contradice la ley promulgada en 1905 sobre la separación entre la Iglesia y el Estado.
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Esta norma prohíbe la instalación de símbolos religiosos como emblema en los monumentos o en cualquier espacio público. Solo los permiten en lugares de culto, cementerios o museos.
Szydlo anunció el 28 de octubre a través de la Agencia de Prensa Polaca que "nosotros proponemos transferirlo (el monumento) a Polonia, si así lo acuerdan las autoridades francesas y la comunidad local".
La Primera Ministra destacó que San Juan Pablo II "nuestro gran compatriota, un gran europeo, es un símbolo de la Europa cristiana unida" y afirmó que "la dictadura de lo políticamente correcto– de la secularización del Estado –deja espacio a los valores que son culturalmente ajenos a nosotros y que conducen a aterrorizar la vida cotidiana de los europeos".
El monumento de bronce, elaborado por el artista ruso Zourab Tsereteli, mide ocho metros de alto y tiene un arco en cuya parte superior se colocó la cruz. Fue instalado en el año 2006 en Ploërmel por mandato del entonces alcalde, Paul Anselin.
Cuatro años después se inició la polémica por la cruz a partir de un reclamo de la Federación Morbihanesa de Libre Pensamiento y, tras una larga batalla legal, en el 2015 un tribunal francés ordenó al alcalde de la localidad retirar el signo en un plazo de seis meses.
Esa decisión fue revertida por un tribunal administrativo de Nantes en diciembre de ese mismo año y ahora ha sido anulada por el fallo del Consejo de Estado de Francia.
Mons. Raymond Centène, Obispo de Vannes, la diócesis donde se encuentra el monumento, dijo al diario Famille Chrétienne que este caso evidencia "la gran preocupación sobre la identidad y la afiliación religiosa" de Francia.
"Muchos franceses se sienten amenazados en su identidad, es por eso que este asunto se ha convertido en un símbolo que agita las redes sociales. Lo más doloroso es que la misión de la cruz es reunir a los hombres, como dicen las escrituras, y no dividirlos".
"Jesús dio su vida para reunir a los hijos de Dios dispersos. La cruz es un signo de identidad cultural tanto como un signo de unidad", expresó Mons. Centène.
"Ya sea que los pensadores libres lo quieran o no, el cristianismo es parte de nuestra identidad europea. El cristianismo es más que una religión, es constitutivo de nuestro ser, nuestra forma de vivir y nuestra forma de entender los problemas de la convivencia", agregó.
Por su parte, el actual alcalde de Ploërmel, Patrick Le Diffon, dijo a la agencia France-Presse que podría llevar el caso a la Corte Europea de Derechos Humanos.
"La estatua hace parte desde hace doce años del paisaje de Ploërmel, no daña en nada a los habitantes. Es lo contrario, es algo turístico para la comunidad", dijo el alcalde.
También indicó que planea vender terreno donde se erigió el monumento a un propietario privado para que ya no se pueda aplicar la ley de la separación entre la Iglesia y el Estado.
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- ACI Prensa (@aciprensa) 27 de octubre de 2017
