El Arzobispo de Barcelona, Cardenal Juan José Omella, y el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Ricardo Blázquez, intervinieron en la crisis territorial e institucional que padece España por el desafío separatista de Cataluña contra la Constitución y pidieron evitar la confrontación.
El Cardenal Omella pidió "cordura" para llegar a un acuerdo y evitar que se agrave el conflicto político.
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"Sé que estamos viviendo momentos complicados en nuestra sociedad, pero no podemos ni tenemos que ser profetas de calamidades. Hemos de evitar la confrontación, la violencia y el desprecio a los otros, pedimos cordura para nosotros y para nuestros dirigentes", señaló en su homilía de la Misa con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de Barcelona.
Por su parte, el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Ricardo Blázquez, también pidió crear "un clima y un ambiente de consenso" para buscar una salida a la crisis institucional. Así lo indicó durante el acto de inauguración del curso académico de la Universidad Pontificia de Salamanca.
En este sentido, se remitió al acuerdo entre partidos políticos de ideología totalmente opuesta -desde conservadores hasta comunistas, incluyendo a liberales, socialistas y nacionalistas- en los años 70 del siglo XX que hizo posible la transición a la democracia en España.
El origen de esta crisis territorial se remonta al año 2012, cuando el gobierno autonómico de Cataluña reclamó al Presidente del Gobierno español un acuerdo fiscal que les diera absoluto control de las finanzas en su territorio, algo a lo que se negó el Gobierno español, inmerso en una profunda crisis económica.
Tras la negativa, y presionado por fuerzas de izquierda radical, el entonces Presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, decidió emprender un proceso independentista que pretende alcanzar su culmen el 1 de octubre, con la celebración de un referéndum declarado ilegal y contrario a la Constitución por parte del Tribunal Constitucional, y una declaración unilateral de independencia en los días posteriores.
Para poder realizar ese referéndum, el parlamento regional de Cataluña aprobó el pasado 6 y 7 de septiembre dos leyes transicionales que en la práctica derogaban la Constitución Española en territorio catalán, algo para lo cual no tienen competencia, ya que los cambios constitucionales solo los puede hacer el Parlamento Español con mayoría cualificada (superior a la mayoría absoluta) y posteriormente ratificados en un referéndum en el conjunto del país.
Ninguno de esos dos requisitos se ha dado, pues las leyes transicionales fueron aprobadas por un parlamento autonómico, el catalán, que carece de competencias para esa materia y con una mayoría insuficiente.
Como consecuencia, el Tribunal Constitucional declaró anticonstitucionales ambas leyes y prohibió el referéndum. A pesar de ello, el Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemnot, en el poder gracias a una amalgama de partidos de extrema izquierda a pesar de ser liberal, declaró que no reconoce al Tribunal Constitucional y anunció que continuaba con los planes de referéndum.
Después de hacer pública su negativa a cumplir la ley, el Fiscal Superior de Cataluña ordenó a la Guardia Civil poner fin a los preparativos del referéndum y confiscar todos los materiales para llevarlo a cabo.
La Guardia Civil cumplió la orden judicial y, tras registrar diversas dependencias de la Generalitat, incautó diversos materiales destinados al referéndum y detuvo a 14 altos cargos políticos acusados de sedición por incumplir las sentencias del alto tribunal.
Las fuerzas nacionalistas vinculadas al gobierno catalán, la Asamblea Nacional Catalana y Omnium, respondieron movilizando a miles de simpatizantes independentistas que asediaron a la Guardia Civil en el interior de la Conselleria de Economía, donde se encontraban realizando un registro, hasta que pudieron ser liberados después de varias horas.
En unas declaraciones realizadas el mismo miércoles 20 de septiembre, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, exigió al Presidente catalán que suspenda el referéndum, que vuelva a la ley y a la democracia y le recordó que no tiene ninguna legitimidad.
Además, el Gobierno español procedió a asumir el control de la policía autonómica de Cataluña y de las finanzas de la región, para evitar que se consuma el golpe a la Constitución.
Por su parte el Presidente de la Generalitat, rechazó la efectividad de estas acciones e insistió en que el 1 de octubre "saldremos de casa, llevaremos una papeleta y la usaremos".
Por último, el Presidente de la Comisión Europea como diversos jefes de Estado de la Unión Europea, entre ellos el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la Canciller alemana, Angela Merkel, pidieron respeto a la Constitución Española y advirtieron que una independencia unilateral de Cataluña sería ilegítima, ilegal y contraria a la Unión Europea.
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- ACI Prensa (@aciprensa) 20 de septiembre de 2017