La Conferencia Episcopal de Panamá expresó su "profunda preocupación" ante las acusaciones que hizo la Procuradora General de la Nación, sobre presiones y amenazas hacia los fiscales que investigan casos de corrupción involucrados a fondos públicos.
El 29 de agosto, la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, informó a través de un video que "el Ministerio Público está llevando a cabo investigaciones históricas de corrupción" y "estamos descubriendo una estructura de criminalidad organizada que se llevó el dinero del pueblo panameño".
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"Esto ha traído como consecuencia que los fiscales estemos siendo amenazados e intimidados", denunció Porcell.
Como consecuencia, la Procuradora advirtió que cinco de las investigaciones más emblemáticas de corrupción enlazada al blanqueo de capitales "pueden quedar inconclusas".
Observó que "hay poderes económicos, políticos, empresariales, mediáticos, y de la banca, tratando de impedir que las investigación puedan ser concluidas, lo que no pueden controlar las fiscalías".
"Los fiscales solo pedimos que se nos permita investigar y que en un juicio frente a todo el país se debata la responsabilidad de los involucrados", pidió la Procuradora General de la Nación.
En una entrevista a Radio Panamá, la Procuradora Porcell indicó que una de las cinco investigaciones en riesgo era el caso que involucra al exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, con supuesta malversación de fondos por la compra de radares a la empresa italiana Finmecanicca.
A los casos de New Business, relacionado con el supuesto uso de fondos públicos para la compra del Grupo Editora Panamá América, S.A., (Epasa), así como el caso Financial Pacific, donde se investiga el uso de información privilegiada para obtener provecho económico, se les ha impuesto un tiempo limitado de investigación.
Ante este panorama, los obispos de Panamá subrayaron la necesidad y urgencia de "la firmeza del Ministerio Público en la administración de justicia respetando el debido proceso y la presunción de inocencia para llegar a encontrar la verdad en cada caso denunciado".
"Exhortamos al Órgano Judicial que garantice la independencia de la administración de justicia, a fin de que esté libre de presiones de cualquier índole que contravenga su misión", declararon.
"Para una nación es una prioridad establecer y garantizar la justicia; sin ella no hay orden, ni desarrollo sostenible e integral, ni mucho menos paz social", concluye el comunicado.
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- ACI Prensa (@aciprensa) 15 de junio de 2017
