El ecónomo del Arzobispado de Tarragona en España, Daniel Sobradillo, aseguró que la ayuda de los ciudadanos a través de la declaración de la renta es imprescindible para que la Iglesia Católica pueda cumplir con su misión de solidaridad por el bien común.
En entrevista con un medio local el 10 de junio, Sobradillo explicó que la Iglesia se financia con los aportes de la declaración de la renta, con lo que se llega a un 25% de los aportes que se reciben.
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La otra vía, dijo, "es la que proviene de las colectas, donaciones, legados y las suscripciones periódicas que los fieles realizan voluntariamente, que son alrededor de un 55%. El resto de entradas provienen de los ingresos por servicios y de patrimonio y que representan alrededor de un 20% del presupuesto".
Al ser preguntado sobre si el Estado aporta a las obras de la Iglesia, el ecónomo dijo que "la Iglesia se financia únicamente de las aportaciones que recibe voluntariamente de todos aquellos que creen en este gran proyecto y por tanto no es cierto que haya una asignación en los presupuestos generales del Estado para sostenerla".
Sobre los "privilegios" que algunos creen que tiene la Iglesia en España, Sobradillo explicó que "en 2002 se aprobó la Ley de Mecenazgo, aunque en un principio se pensó para las ONG y otras instituciones sin ánimo de lucro, la Iglesia también se acogió a esta Ley que se aplica por igual a fundaciones (incluidos partidos políticos y sindicatos), las asociaciones de utilidad pública, ONG y otras instituciones (Cruz Roja, ONCE, etc.). Por tanto, la Iglesia Católica tiene, a día de hoy, los mismos beneficios fiscales que el resto de entidades".
"A día de hoy no hay privilegios fiscales en materia de IBI a favor de la Iglesia. La Iglesia, como todas las entidades incluidas en la Ley de Mecenazgo, paga el IBI de los inmuebles que estén ligados a actividades económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades", agregó.
El IBI es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es obligatorio y grava el valor de la titularidad y otros derechos reales que recaen sobre bienes inmuebles localizados en el municipio que recauda el tributo. Su gestión se comparte entre la Administración del Estado y los Ayuntamientos.
Sobradillo explicó también que sin el apoyo de las personas en sus declaraciones de renta, la Iglesia no podría "mantener nuestra misión y acción que cuenta con 19.000 sacerdotes, 46.000 religiosos, 78.000 voluntarios de Cáritas y 8.100 centros asistenciales y atiende a más de tres millones y medio de personas".
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- ACI Prensa (@aciprensa) 16 de junio de 2015