Luego de ocho meses de juicio, el presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, Giuseppe Dalla Torre, dictó este 7 de julio la sentencia contra los cinco acusados de divulgar documentos reservados de la Santa Sede –caso Vatileaks–, condenando a 18 meses de prisión al sacerdote Lucio Vallejo Balda y a 10 meses de reclusión suspendida a Francesca Chaouqui.
Sin embargo, el juez decidió absolver a Nicola Maio (secretario de Mons. Vallejo), y se declaró "falta de competencia" en el caso de los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, por lo que no fueron condenados. Ahora los sentenciados tienen tres días para presentar su apelación.
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En el caso de Mons. Vallejo, encontrado culpable de filtrar los documentos a los periodistas, solo cumpliría 10 meses de cárcel, debido a que ya estuvo en prisión durante los 8 meses que duró el juicio.
Mientras que Chaouqui fue condenada por haber conspirado en el crimen, pero no por la filtración de documentos debido a la falta de pruebas.
Chaouqui, exconsejera del organismo vaticano creado para sanear las cuentas de la Santa Sede y mejorar su rendimiento, dio a luz a su hijo mientras estuvo en prisión.
Su pena de 10 meses fue suspendida durante 5 años, sin embargo, si comete otro delito en este periodo iría a la cárcel no solo por el nuevo delito, sino que también tendría que cumplir la pena dictada hoy.
Declaración del vocero del Vaticano
Luego de la sentencia, el Director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, P. Federico Lombardi, señaló que el juicio se debía hacer "porque hay una ley", así como "una ley más reciente (2013) y promulgada para contrastar la fuga de noticias".
En los años recientes se desarrolló el sistema jurídico y penal vaticano para hacerlo más completo y colocarlo a la altura de las exigencias actuales de contraste de la ilegalidad en diversos campos. No se puede declarar intenciones y establecer normas y no ser coherentes poniéndolas en práctica, persiguiendo a quien no observa las leyes.
"Se debía hacer para demostrar la voluntad de combatir con decisión las manifestaciones y las consecuencias transcurridas de las tensiones y polémicas internas vaticanas, que de un cierto tiempo se reflejan más frecuentemente también al exterior" debido a las "indiscreciones o filtraciones de documentos a los medios, creando un círculo y un contexto ambiguo y negativo". La opinión pública, señaló, tiene derecho "a una información objetiva y serena".
"Esta es una 'enfermedad', como diría el Papa Francisco, que se debe combatir con determinación", afirmó.
El vocero vaticano dijo que para "conocer y valorar los diversos aspectos de esta situación era necesario afrontar valientemente también la dimensión del rol y la responsabilidad efectiva o menos de los periodistas, no obstante las predecibles polémicas a propósito de la tutela de la libertad de prensa".
"Esta es ciertamente tutelada, pero la profesión periodística puede tener también sus límites que deben respetarse si van en competencia con otros bienes importantes de tutelar", y era necesario verificar si era así o no, explicó.
En ese sentido, señaló, "esta no era en algún modo un proceso contra la libertad de prensa".
El P. Lombardi añadió que "el proceso se realizó con la plena voluntad de respetar las leyes y el proceso previsto, las exigencias del derecho y la defensa de los imputados".
Así, indicó que "la sentencia fue formulada por el Colegio jurídico en plena autonomía". El P. Lombardi señaló que "las motivaciones de la sentencia serán conocidas en las próximas semanas" y en los tres días que vienen los imputados podrán presentar su apelación.
Finalmente, expresó el deseo de que, a pesar de la tristeza por cada delito y sus consecuencias, "podamos sacar las conclusiones y las reflexiones útiles para prevenir que en el futuro se repitan situaciones similares".
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- ACI Prensa (@aciprensa) 8 de noviembre de 2015