La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) podría abrir las puertas al aborto en todo el continente, reinterpretando la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), advirtieron recientemente diversos líderes pro-vida. Para uno de ellos, el organismo internacional está ejecutando un "golpe de estado jurídico" contra los derechos humanos.
El 19 de mayo, la Corte IDH abrió un proceso abierto de consultas sobre tres artículos del Pacto de San José. Entre estos figura el artículo 4.1, que reconoce el derecho a la vida desde la concepción.
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"Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente", indica el artículo que podría interpretar la Corte IDH.
La plataforma pro-vida CitizenGO lanzó una campaña de recolección de firmas exigiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que respete el derecho a la vida desde la concepción.
Para Gualberto García Jones, director ejecutivo de International Human Rights Group y experto en derechos humanos, la consulta iniciada por la Corte IDH "no es nada más que un intento de democratizar su golpe de estado".
En declaraciones para ACI Prensa, García Jones advirtió que "la Corte Interamericana pretende nada más y nada menos que un golpe de estado jurídico a los derechos humanos, protegidos por la mayoría de las constituciones nacionales y por la misma convención interamericana sobre los derechos humanos".
"En vez del derecho a la vida quiere imponer el derecho al aborto, en vez del derecho a la integridad familiar quiere la destrucción del concepto de familia, en vez de la libertad religiosa quiere imponer su versión religiosa a la fuerza", denunció.
El mexicano Carlos Alberto Ramírez Ambríz, presidente del movimiento pro-vida Dilo Bien Internacional, advirtió a su turno que la Corte de San José "se convierte, poco a poco, en un instrumento más de la cultura de la muerte".
Ramírez Ambríz recordó el cuestionado fallo de la Corte IDH contra Costa Rica por prohibir la fecundación in vitro, a fines de 2012, que "atenta contra el derecho humano a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona".
"Ahora la 'tremenda corte' sale con la puntada de querer interpretar el derecho a la vida, como si tal derecho tuviera la necesidad de ser interpretado, haciendo un llamado para que 'expertos' den su opinión y se forme un nuevo criterio".
El presidente de Dilo Bien Internacional recordó a los miembros de la Corte de San José que "el derecho a la vida es inalienable y no necesita interpretación. Lo que necesita es una protección jurídica universal que impulse el desarrollo poblacional de las naciones. Es un exigencia que la sociedad moderna pide y debe ser atendida".
Julia Regina de Cardenal, fundadora y presidenta honoraria de la Fundación Sí a la Vida de El Salvador, lamentó que una organización como la Corte de San José, "creada para defender derechos humanos", tenga entre sus miembros "representantes que están a favor de legalizar el negocio de asesinar cruelmente a seres humanos por nacer y que, además, daña a la madre".
Esta situación, lamentó, "es totalmente incoherente".
"Matar es matar. No puede haber casos excepcionales para decidir por la vida de un ser humano. La violencia y la muerte nunca pueden ser solución", señaló.
La también salvadoreña Sara Larín, presidenta del movimiento VIDA SV, advirtió que este "intento de desproteger al concebido en la Convención Interamericana es contrario a la ley superior establecida en el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza el derecho a todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica".
"El inicio de la vida humana desde la fecundación es un dato biológico objetivable, a partir de ese momento ya existe un nuevo organismo con genoma humano, es decir una persona sujeta de derechos", explicó.
Para Larín "es importante hacer ver a los internacionalistas que proteger la vida del concebido supone la base hacia la auténtica protección de la persona humana en todas sus etapas".
Karla Martínez del Rosal de Rodríguez, de la Pastoral Arquidiocesana de la Vida de la Arquidiócesis de Guatemala, subrayó que "ningún otro caso de la eliminación de una vida puede ser tan arbitrario como cegar la del más indefenso de los inocentes".
"No somos árbitros de la vida, debemos ser sus custodios. Cada vida vale, sin importar las circunstancias de su concepción, de su salud, de la de su madre o de la conveniencia o no de esa incipiente de la ya concebida vida humana, para la madre o los demás", señaló.
Eduardo Morales, directivo de Generación Provida de Paraguay, calificó de "despropósito" que 47 años después de firmada la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte IDH "dude de sus propios cimientos y de los que se proclaman protectores".
"La Corte bien podría revisar las actas de los debates entre los redactores de la Convención para concluir que 'en general' fue puesto para reforzar la protección integral de la persona desde la concepción, o sencillamente seguir leyendo los incisos 2,3,5 del articulo 4, donde condena taxativamente la pena de muerte, y para los Estados que lo mantienen, prohíbe aplicar la pena de muerte a menores de 18 años y solo por los delitos más graves después de un juicio justo", señaló.
Para firmar la campaña de CitizenGO que demanda a la Corte IDH que defienda el derecho a la vida humana desde la concepción, puede ingresar a este enlace.
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- ACI Prensa (@aciprensa) 5 de mayo de 2016