Por Blanca Ruiz
Los obispos catalanes han expresado su "total condena a cualquier abuso, de cualquier tipo cometido contra un niño o un menor de edad", luego de que se conociera el caso de un profesor en un colegio marista que admitió haber violentado a cuatro menores en el lapso de 20 años.
Joaquim Benitez, profesor de gimnasia en el colegio Maristas de Barcelona (España) admitió su falta. Cuando el colegio tuvo conocimiento de los hechos en el año 2011, lo expulsó.
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El caso ha salido ahora la luz por el deficiente manejo de la situación por parte del centro educativo, que no indagó sobre el número y la gravedad de los abusos ni informó a las autoridades educativas al respecto.
"El Papa Francisco, igual que sus inmediatos predecesores, ha repetido varias veces esta condena y ha manifestado su proximidad a las víctimas. En comunión plena con él, nos comprometemos a luchar contra esta plaga que destruye tantas infancias", precisan los prelados en un comunicado emitido desde la Conferencia Episcopal Tarraconense.
De esta manera destacan que ante los abusos a menores "las normas de la Iglesia son claras. Nos piden actuar con rapidez y decisión ante las denuncias, garantizar la transparencia y actuar con tolerancia cero".
Además precisan que, siguiendo las indicaciones de la Santa Sede, "se debe apartar cautelarmente de sus funciones a las personas acusadas y ofrecer toda la colaboración a la acción de la justicia y a las autoridades civiles".
Los Prelados aseguran que la Iglesia ofrece todo su apoyo, atención, escucha y acompañamiento a las víctimas de los abusos, incluso en el caso de delitos que puedan estar prescritos penalmente y destaca el trabajo de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, un compromiso en la defensa y protección del menor que, según apuntan, "también es nuestro compromiso y el de toda la Iglesia presente en Cataluña".
Los obispos afirman también que el caso del colegio marista no puede hacer que la institución que lo administra quede "cuestionadas por los casos que todos deploramos y condenamos".
Asimismo afirman que "la extensa red de instituciones educativas que la Iglesia pone al servicio de las familias del país, creemos que no puede ser sometida a una permanente sospecha".
