"Quiero decirles al rector de la UC, a los directores de las clínicas (privadas) y al arzobispo de San Bernardo que también administra un hospital, que así como los parlamentarios no están sobre la ley, los curitas y las universidades tampoco", afirmó el diputado del Partido Socialista de Chile, Marcelo Schilling, en entrevista en Radio Valparaíso.
Así lo dijo el diputado en respuesta a las palabras del Rector de la Universidad Católica, el médico Ignacio Sánchez que dijo al diario La Tercera que en su red de salud UC Christus "no se harán abortos, nuestros principios y valores más profundos no van a cambiar por un determinado proyecto de ley. Esto es definitivo".
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Marcelo Schilling dijo además que "las leyes aquí son de validez general y si hay que expropiar la Universidad Católica por razones de interés superior, bueno, habrá que hacerlo".
Y agregó que "el que se quiere revelar contra la legislación tiene un camino muy fácil, la Iglesia tiene su sede estatal en el Vaticano, por si no han tomado nota de eso".
En reacción a estas afirmaciones, el Rector de la UC afirmó al diario El Mercurio que esas "son palabras increíblemente intolerantes y totalitarias. Es preocupante que un diputado de la República dé esas opiniones".
"Lo de Schilling sobrepasa todos los límites, porque habla de expropiar (…). Eso es completamente totalitario, intolerante, contrario a cualquier democracia y a la expresión de ideas", enfatizó el médico.
En entrevista con ACI Prensa, Cristóbal Aguilera, asesor legislativo de Comunidad y Justicia, explicó que: "los dichos del Schilling son erróneos y no tienen fundamento ni legal ni constitucional, al punto de que nadie en su colectividad ni en el gobierno los han respaldado".
"Con todo debemos advertir que estas discusiones secundarias, sobre la autonomía de las clínicas privadas o la objeción de conciencia personal o institucional, no deben desviar el aspecto central de la discusión: la ilicitud moral del aborto", agregó.
Cristóbal Aguilera explicó a ACI Prensa que, dada la forma en que se ha presentado el proyecto, por parte del gobierno, despenalizar el aborto se convertiría, en las tres causales esgrimidas, en legalización: "lo que realmente se busca con este proyecto, tanto en el discurso, como en el articulado que se propone, no es sólo que la mujer que aborta o quienes realicen el aborto no vaya a la cárcel (despenalización estricta), sino que puedan realizarlo de manera lícita en los tres supuestos (legalización)".
"El aborto, para estos casos, se trasformaría en un derecho con todos los efectos jurídicos que eso conlleva, como el proyecto indica: trasformar el aborto en una legítima prestación de salud", recalcó.