Un numeroso grupo de juristas ha firmado un manifiesto que se presentará el próximo miércoles en el que apoyan el anteproyecto de ley propuesto por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Según informa el diario La Razón, el manifiesto explica que "de acuerdo con la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el aborto no es un derecho de la mujer. Del derecho al respeto de la vida privada y familiar, reconocido en el Convenio de Roma, no deriva un presunto derecho a abortar".
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Éste es uno de los puntos centrales del Manifiesto en Defensa de la Ley de Protección al Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada que ha sido impulsado por la Plataforma de Juristas por la Tutela de los Derechos Fundamentales.
Entre los magistrados que se han adherido se encuentran los ex vicepresidentes del Tribunal Constitucional, profesores y catedráticos de Derecho Constitucional. También se ha adherido el ex fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, así como Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo.
El manifiesto también cuenta con otras personalidades como Rafael Navarro-Valls, catedrático de Derecho o diputados como Lourdes Méndez, que ocupa un escaño por Murcia.
Según precisan los firmantes, el anteproyecto de reforma de la Ley del Aborto constituye una "oportunidad única" para plantear la "obligación que tiene el Estado de tutelar los derechos fundamentales y, en este caso concreto, el relacionado con el derecho a la vida", además de ser una "gran ocasión para que nuestra sociedad avance en el plano ético y social, progresando en el respeto de los derechos fundamentales, presupuesto para la legitimidad del orden político y la paz social".
En esa línea, el diario La Razón explica que defienden que toda regulación sobre esa materia, el "drama del aborto" debe tener en cuenta distintos criterios, algunos de los cuales están directamente relacionados con la doctrina que fijó el Tribunal Constitucional en 1985 en la sentencia que despenalizó tres supuestos para abortar: malformación del feto, violación o grave peligro para la salud psíquica o física de la madre.
Para estos expertos en Derecho, de la citada resolución del Alto Tribunal se desprende que el derecho a la vida protege al concebido "en todas las etapas de su desarrollo, de manera que el Estado debe establecer un sistema de normas –incluidas las penales– que tutelen la vida del concebido y no nacido".
También se incide en que, de acuerdo con la mencionada doctrina del Tribunal Constitucional, se afirma en el manifiesto suscrito por los juristas, el Estado tiene obligación de establecer un "sistema legal para la defensa y protección efectiva del no nacido", y que, en aquellos supuestos en que renuncie a la vía penal, no debe implicar que deje de ser una conducta antijurídica, "pues el derecho a la vida y su protección no puede tener excepciones".
Sin embargo el manifiesto va más allá y reclama una protección activa por parte del Estado a la maternidad y a la mujer embarazada. "Esta obligación debe, en todo caso, ser cumplida por medio de una adecuada protección social de la maternidad, apoyando a la mujer embarazada en el proceso y facilitándole información sobre las ayudas públicas y privadas a las que tiene derecho en sus circunstancias concretas, así como de las consecuencias de tipo médico actuales y futuras del aborto", afirma.