Parlamentarias, alcaldesas y dirigentes sociales chilenas se organizan para exigir al Estado cumplir con la postura a favor de la legalización del aborto en caso de violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre, declarada ante la ONU el pasado 19 de junio en Ginebra.
Algunas de las mujeres que conforman este grupo son las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, además de la diputada socialista Maya Fernández. También están presentes las dirigentes del Colegio de Matronas de Chile, algunas alcaldesas y dirigentes estudiantiles y representantes del mundo cultural.
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Luego que Chile aceptara ante la ONU las recomendaciones de algunos países de legalizar el aborto, el grupo decidió reunirse para convencer a distintos sectores sobre la necesidad de concretar esta postura. Además realizarán acciones en apoyo al aborto, para que el país cumpla la normativa internacional a la que se ha suscrito.
Las integrantes de la agrupación indicaron que se adhieren a las palabras de la Presidenta Bachelet, quien aseguró que "antes de fin de año" el aborto será legalizado en Chile. Y agregaron que rechazan la "campaña comunicacional que en base a la desinformación y a la contra propaganda ha intentado instalar el debate como una disyuntiva entre quienes están a favor de la vida y quienes no".
Cabe recordar que la mandataria cambió la postura de Chile sobre el aborto porque el anterior gobierno de Sebastián Piñera había rechazado las recomendaciones al respecto. El abogado Pablo Urquízar asegura esto no se pude hacer.
Indica que si bien, es el presidente quien toma esta decisión, debe hacerlo bajo la legislación vigente en su país. Cambiar la postura ya tomada, "implicaría vulnerar el principio del 'estoppel' que consiste en la prohibición que se le hace a un Estado para contradecirse, incluso lícitamente, respecto a lo que él mismo ha dicho, hecho o dejado creer a los demás. El efecto es que la parte actuante tiene prohibido cambiar el estado de cosas por el cual se guió la otra parte".
Pablo Urquízar, abogado de la organización Comunidad y Justicia y especialista en el Examen Periódico Internacional (EPU), en el que Chile aceptó la recomendación de legislar a favor del aborto, indicó que tras asumir esta postura, "Chile se obliga unilateralmente a legislar sobre la legalización al menos, por violación, terapéutico, inviabilidad fetal e incesto. Esto significa que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le va a ir pidiendo y exigiendo informes a Chile sobre el avance en esta materia."
Según el abogado, la actual postura de Chile ante la ONU "afecta desde dos puntos de vista. Uno jurídico en el sentido de que tendremos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigiendo cumplir con el estándar internacional a que nos obligamos; y otro político, desde el punto de vista de que la Presidenta llamó a un debate amplio, democrático y con altura de miras. Sin embargo, nada de eso se está dando ya que por secretaría nos estamos obligando internacionalmente".