La Conferencia Episcopal de Filipinas, en un mensaje emitido el 2 de julio, manifestó su rechazo ante el intento de algunos sectores para restablecer la pena de muerte en el país.
En una nota enviada a la agencia vaticana Fides, los Obispos recuerdan el pasaje del Evangelio en el que Jesús dice: "Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia" y afirman que "nuestra posición no puede ser diferente: predicamos el Evangelio de la vida". Pero esta posición, explican, puede ser compartida con motivaciones diversas de las religiosas.
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De hecho, "la finalidad de la justicia no es imponer la pena de muerte. Un sentido de la justicia maduro lleva lo más lejos que sea posible del castigo", hacia "la restauración de las relaciones rotas y de la coherencia social infringida por el acto criminal".
"La ejecución de una persona -dicen- no contribuye a ninguno de los objetivos de la justicia", es más sólo "un sistema jurídico débil y represivo pide la ejecución de los delincuentes con una venganza".
Los obispos definen la pena capital "cruel e inhumana", sobre todo por la terrible ansiedad que asalta los que esperan la ejecución, una espera "más terrible que una tortura". En segundo lugar, los miembros de la familia de las personas condenadas, quedan "estigmatizadas, llevando con ellos el precio de un crimen que nunca cometieron".
El texto recuerda que cada sistema judicial "es, como todos los sistemas humanos, propenso a errores, pero la pena de muerte, una vez ejecutada, es irreversible y nada puede compensar el horrible acto de una persona ejecutada por error".
Aunque afirman estar "consternados por la naturaleza atroz de algunos delitos cometidos hoy", los Prelados subrayan que "la respuesta moral, cristiana y madura para este desafío social es la prevención de la delincuencia", tener la "certeza del castigo" en el Estado de Derecho, y cultivar de forma constructiva la educación en relación con la vida y la dignidad de toda persona.
Fides recuerda que Filipinas es firmante del Segundo Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, comprometido para la abolición de la pena de muerte.