Muy probablemente el Gobierno español llevará el próximo viernes 27 la Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada al Consejo de Ministros (reforma de la ley del aborto) para iniciar la tramitación parlamentaria en el Congreso.
El mes de julio está fuera del periodo ordinario de sesiones parlamentarias y el primer debate aún no tiene fecha. La Mesa del Congreso es el primer órgano que debe recibir el proyecto de ley y suele ampliar todos los plazos de enmiendas hasta septiembre, lo que supondría congelar dos meses la tramitación del proyecto.
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Sin embargo, según informa Europa Press, la Mesa de la Cámara Baja podría fijar un primer y único plazo de enmiendas hasta mediados de julio para al menos poder celebrar el debate de totalidad en una segunda sesión plenaria de final de mes.
Según parece todos los grupos parlamentarios presentarán una enmienda total al texto del gobierno, a excepción de UPN y Uniò que aceptan la ley en su totalidad.
También se apunta a que uno de los principales cambios que se presentará será la matización de los casos de aborto por malformación del feto, que ha sido el punto más controvertido hasta ahora en la aprobación del proyecto de ley.
Según asegura el diario El País, aunque no se creará un supuesto específico de malformación fetal, ya que el Gobierno no quiere aceptarlo conceptualmente, se redactará la ley de modo más abierto, quedando la posibilidad de que una mujer que quiera abortar por malformación del feto pueda hacerlo sin tener que probar antes que eso le causa a ella un daño psicológico.
Según esta normativa, se podrá abortar cuando el embarazo suponga un grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la madre, o bien cuando sea consecuencia de un delito contra la libertad sexual.
Según apunta Europa Press, con una ley similar, España llegó a los cien mil abortos anuales.