El próximo miércoles 11 de junio se reunirán en Toledo (España), todos los consejeros de Sanidad con motivo del Consejo Interterritorial, en donde entre otros temas tratarán sobre el informe que el Ministerio de Justicia solicitó hace cinco meses, tras aprobar el anteproyecto de Ley del Aborto; un asunto que se ha añadido en el último momento a la lista de asuntos a tratar.
Para que el anteproyecto de ley pase a ser proyecto, tiene que recibir los informes pertinentes. Ya se conoce la valoración del Consejo Fiscal, del Comité de Bioética, de los médicos, de varias asociaciones de mujeres y, dos días después esta reunión de consejeros de sanidad, el Consejo General del Poder Judicial dará su informe definitivo.
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El informe que solicita el equipo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a Sanidad busca que se analice "el impacto en normativa sanitaria del Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer".
Según informa el diario La Razón, en esta reunión se escucharán las voces de los 17 consejeros para elaborar un informe conjunto que le puedan remitir a Justicia. De esta manera, cada uno de los expertos expondrá su punto de vista e información y posteriormente se redactará un informe que no tiene que reflejar una postura unánime.
Como este punto de discusión fue incluido en el último momento, algunos de los consejeros asistentes han mostrado su malestar y han solicitado la retirada de este punto de debate, como la consejera de Canarias, Brígida Mendoza, que junto con los consejeros de Asturias y Andalucía han enviado una carta al Ministerio en la que afirma que "dada la repercusión que el texto tiene en los derechos de las mujeres, le solicito el aplazamiento del punto 37 hasta que sean conocidos el resto de informes preceptivos para la tramitación de la Ley",
Desde la Consejería de Valencia han asegurado que "la regulación del aborto pertenece al Estado" y que, por tanto ellos la acatarán.
Ricardo Lorenzo, como experto en Derecho Sanitario, afirma que el punto que podrían resultar más polémico y afectar a la normativa actual "es la exclusión de la malformación fetal y que Gallardón ha incluido dentro del anteproyecto para cumplir con la recomendación de Naciones Unidas. El informe del Consejo Fiscal apunta a que si se elimina este supuesto –que sí contempla la ley de 1985– la norma seguiría siendo constitucional".
En esta reunión los consejeros también hablarán del aborto para menores de 16 años que hasta ahora pueden hacerlos sin tener autorización de sus padres. El anteproyecto exige la autorización familiar y si existe conflicto entre el menor y sus padres, se recurrirá a un juez.