El Instituto de Política Familiar en Chile (IPF) envió una carta a una de las autoras del proyecto de ley que establece que las personas que no se sientan de acuerdo con ser hombre o mujer, puedan solicitar el cambio de sexo ante un juzgado de familia.
Preocupado por las consecuencias de esta ley y la poca discusión que ha tenido a nivel público, el IPF dirigió una carta abierta a la Ministra Secretaria General de la Presidenta, Ximena Rincón, una de las autoras de este proyecto.
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Karina Ordóñez, Presidenta del IPF, comentó que "el tema de fondo es otro y está en las bases de cómo entendemos la libertad. En nuestra sociedad contemporánea occidental, prevalece una visión relativista de la ética y de la libertad, que se manifiesta nítidamente con la frase cliché "yo tengo mi verdad y tú la tuya". Esta postura niega toda posibilidad de realidades objetivas y compartidas; pero, ¿es esta la realidad? Yo creo que no, la Declaración Universal de Derechos Humanos es una muestra de ello, así como el hecho de que no toleramos el comportamiento de un pedófilo, aunque él arguya que "su verdad" es que eso está bien. Por lo que, esta visión relativista, a pesar de ser atractiva, no es sustentable"
Agregó que "en este contexto se enmarca la identidad de género, donde el relativismo llega a incluso tomar espacios donde está presente el dato biológico duro, a saber, que el ser humano es sexuado por naturaleza, hasta la última célula de cada pelo te dice si eres mujer u hombre. El punto es que la teoría de género afirma la irrelevancia del dato biológico, por lo que, más allá de mi apariencia física, yo puedo elegir a cual sexo pertenecer."
Bajo esta ley "toda persona podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, en el cambio de sexo, nombre, y de la imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, cuando el sexo y nombre registrado no coincida con su identidad de género", según explica el Artículo 2º del Proyecto.
La Ministra respondió que "este Proyecto está vinculado a la libertad y autodeterminación del ser humano para definir su proyecto de vida" y que supuestamente actualizaría "la legislación chilena a los estándares internacionales de derechos humanos".
Los autores del proyecto indican en el boletín dirigido a la cámara de senadores, esta ley "reconoce y da protección al derecho a la identidad de género". Según esto, Karina Ordoñez, comenta que "en nuestro contexto relativista, la transexualidad, es sencillamente una opción más. Sin embargo, desde una ética que busca conocer y vivir lo objetivamente bueno como base para conformar una mejor civilización; se detendría a pensar, ¿qué es lo mejor para el ser humano? ¿Es el sexo biológico tan irrelevante para la identidad de la persona como su color de pelo o de ojos, que pueden ser cambiados sin mayor problema? Parece más bien que no, parece que la corporalidad humana viene sexuada"
La Presidenta del IPF indica que "todos estamos de acuerdo en que las personas transexuales gozan de los mismos derechos que cualquier persona, derecho a la vida, a un trabajo digno, etc.", pero aclaró que "la dignidad de las personas no se mide por la propia percepción de su sexualidad, sino que es un dato inalienable de su naturaleza humana. Por ello, cualquier agresión contra estas personas es siempre reprobable. Me parece que en este ámbito queda mucho por hacer a nivel de sociedad para garantizar la integridad física de las personas transexuales, es un punto en el que todos vamos a estar de acuerdo y en el que hay que trabajar; sin embargo, esto no requiere la aprobación de esta ley."
Quien impulsó la "suma urgencia" para su votación fue el Ministro de Justicia chileno, José Antonio Gómez. La llamada "ley de identidad de género" no estaba contemplada en el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, sí estaba dentro del programa presentado por el Ministro Gómez, quien fue pre candidato a la presidencia.