Un comité del Senado de Colorado aprobó un proyecto de ley que prohibiría a futuro la aprobación de cualquier ley pro-vida en el estado, desatando una ola de críticas.
La propuesta de ley 175 establece que cada individuo tiene el "derecho fundamental a la privacidad con respecto a sus decisiones de salud reproductiva" y la "libertad de escoger atención de salud reproductiva sin discriminación, coerción o violencia" y sin "interferencia del estado".
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Jenny Kraska, directora ejecutiva de la Conferencia Católica de Colorado, afirmó que el proyecto de ley "afectaría la causa pro-vida en todo Colorado".
"No solo anularía leyes de sentido común que ya hemos promulgado, sino que incluso dificultaría la capacidad de que cualquier política bien medida en el campo pro-vida sea promulgada", afirmó a ACI Prensa el 10 de abril.
La "definición extremadamente amplia" que la legislación hace de la atención de salud reproductiva crearía un "derecho fundamental" a todo lo que se defina como tal, incluyendo el aborto.
La Conferencia Católica dijo que el proyecto podría afectar a muchas leyes que incluyen políticas de notificación a los padres, leyes de libertad de conciencia y requisitos para que solo médicos autorizados practiquen abortos. El proyecto podría afectar leyes sobre salud materna, así como programas de gobierno y centros de maternidad que cubren y promueven la concepción sin subsidiar el aborto.
También podría afectar a los servicios escolares de salud y políticas educativas de abstinencia.
Asimismo, exhortó a que los ciudadanos se contacten con sus legisladores y que "levanten su voz" en contra de "la gran expansión de las leyes pro-elección en Colorado".
Natalie Decker, abogada de la organización Alliance Defending Freedom (Alianza en Defensa de la Libertad), dijo que su organización está "muy preocupada" sobre el impacto de este proyecto de ley. Decker tildó la propuesta como "engañosa" afirmando que debería ser llamada "la ley a favor del aborto".
Afirmó que el proyecto "no proporciona definiciones básicas" y utiliza una concepción "extremadamente amplia" de la atención de salud reproductiva.
Decker dijo que el proyecto podría prohibir normativas de salud y seguridad en clínicas abortivas y las prohibiciones parciales de abortos. Afirmó que la ley afecta directamente a la prohibición constitucional de Colorado con respecto al financiamiento público de abortos.
La licenciada Nicole Martin advirtió que la ley podría atentar contra la objeción de conciencia de trabajadores estatales, especialmente quienes trabajan en farmacias estatales. Las ambigüedades legales del proyecto solo podrían clarificarse mediante una acción judicial. Afirmó que los gobiernos y agencias locales, incluyendo consejos escolares, cambiarían sus políticas por temor a demandas en caso de ser aprobado el proyecto.