21 de noviembre de 2013

Nov 21, 2013

La Comisión de la Mujer y Familia reiteró su rechazo a la presión del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la ONG abortista Promsex, que pedían que el Estado peruano distribuya toda clase de anticonceptivos a menores de edad, sin consentimiento de sus padres.

Según informó el Population Research Institute (PRI) en su boletín 220, el rechazo se hizo efectivo durante la mesa de trabajo sobre el proyecto de ley del Nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, realizada el pasado 15 de noviembre.

La mesa de trabajo estuvo conformada, además del Secretario Técnico de la Comisión, por los asesores de las congresistas Marisol Pérez Tello, Aurelia Tan de Inafuko, Verónica Mendoza, entre otros.

También asistieron expertos como Rafael Santa María, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo; la bióloga y presidenta de la Coordinadora Nacional Unidos por la Vida y la Familia, Carol Maraví; y el abogado Walter Brunke.

A la sesión también asistieron la representante de UNICEF Amanda Martin y una representante de Promsex.

Sobre el Nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia existen dos dictámenes en la Comisión de la Mujer, en mayoría y en minoría.

El dictamen en mayoría contempla explícitamente la protección del Estado al concebido (Articulo preliminar cuarto y séptimo) el cual garantiza la información así como la Educación sexual integral por parte del Estado".

Este dictamen garantiza además el derecho de los padres como los principales responsables en la educación sexual de sus hijos (Art. 27) acorde a la Convención sobre los derechos del Niño.

A diferencia de este, el dictamen en minoría, presentado por la congresista Verónica Mendoza, cercana a ONGs abortistas, busca dejar sin protección al concebido y que los adolescentes reciban anticonceptivos sin el consentimiento de los padres.

Mendoza tuvo como principal respaldo el de UNICEF, que bajo el término "Servicios de Salud sexual y reproductiva" proponía la distribución de todo tipo de anticonceptivos a los adolescentes desde los 14 años.

Durante la sesión, el Dr. Rafael Santa María advirtió que el uso del término "Servicios de Salud sexual y reproductiva" resultaba muy peligroso, pues en distintos debates realizados en Naciones Unidas está relacionado al aborto, y no tiene consenso alguno.

Por su parte, Maravi presentó dos informes sobre Colombia y Argentina, países que cuentan con este tipo de leyes de "salud sexual y reproductiva" para adolescentes, con los que constató que tras su aplicación solo se ha ocasionado un incremento de embarazo en adolescentes.

Este incremento, indicó, ha sido corroborado por las cifras oficiales, y se debe a que las leyes aprobadas en esos países resaltan la sexualidad como mera genialidad y los anticonceptivos como principal solución.