Josep Miró i Ardevol, presidente de E-cristians, plataforma española que junto al Centro Jurídico Tomás Moro, a Alternativa Española y a la Fiscalía, participó en la ofensiva legal contra el médico abortista Carlos Morín, aseguró que la reciente anulación de la sentencia absolutoria del "magnate del aborto" por parte del Tribunal Supremo es una "victoria de extraordinario valor".
El Tribunal Supremo anula el juicio que exculpó al abortista Morín: deberá repetirse. http://t.co/cuslmggTT6 pic.twitter.com/ZoVcTAH1xR
- Religión en Libertad (@relibertad) noviembre 5, 2013
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El Tribunal Supremo de España anuló recientemente la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que absolvió en enero de este año a Carlos Morín y otras diez personas de la acusación de haber practicado 89 abortos ilegales en dos clínicas de la ciudad.
De acuerdo al alto órgano judicial, el juicio contra Morín tendrá que repetirse ante un nuevo tribunal, con diferentes magistrados.
En declaraciones a ACI Prensa, Josep Miró i Ardevol señaló que "la sentencia del Tribunal Supremo nos da la razón cuando criticamos el resultado del juicio de la Sala de la Audiencia Provincial de Barcelona por haber sido absolutamente parcial".
Miró i Ardevol criticó que los magistrados barceloneses no tomaron en cuenta "una serie de hechos que probaban sobradamente que el doctor Morín había cometido una serie de abortos ilegales, muy numerosos", que "se aproximaban a un centenar".
El presidente de e-cristians explicó que la sentencia del Tribunal Supremo "en síntesis anula el juicio, obliga a que vuelva a realizarse y establece y que no se lleve a término en la misma sala, para garantizar la imparcialidad".
Esta resolución, advirtió, "es un duro golpe al buen hacer de quienes juzgaron el caso Morín en Barcelona, porque lo que les está diciendo es que no fueron imparciales como es su deber".
La anulación decretada por el Tribunal Supremo, señaló Miró i Ardevol, "se basa en tres grandes hechos: el primero el haber rechazado las grabaciones de la televisión pública danesa y del Sunday Telegraph, realizadas con cámara oculta y determina que el motivo por el cual se negó a considerar estas pruebas no está fundamentado".
El segundo argumento, indicó, "es que se rechazaron las pruebas que podían aportar los periodistas ingleses y daneses que llevaron a cabo estas grabaciones, dado que no se admitió su declaración en el tribunal".
"Y la tercera es que el tribunal de la Audiencia denegó la lectura de las declaraciones de los imputados durante el procedimiento judicial, y que como al mismo tiempo se negaron a contestar a las preguntas del Fiscal y de la acusación", dijo, "a través de este mecanismo impidió que afloraran toda una serie de hechos en el juicio, que eran importantes para determinar si se había cometido un ilícito en el caso del aborto o no".
El presidente de E-cristians subrayó que esta resolución del Tribunal Supremo "representa una victoria de extraordinario valor, pone de relieve que en ocasiones hay jueces que actúan llevados por su ideología pero que en último término la justicia, en este caso, ha prevalecido".
Por su parte, en un comunicado remitido a ACI Prensa, el Centro Jurídico Tomás Moro señaló que "celebra que el Tribunal Supremo haya obligado a repetir el juicio contra el empresario de abortos Carlos Morín y 10 imputados más por 89 abortos ilegales".
El presidente del Centro Tomás Moro, Javier Pérez-Roldán, advirtió que mientras la Audiencia Provincial de Barcelona archivó la causa contra Morín porque los abortos se practicaron con consentimiento y solicitud expresa de las mujeres embarazadas, "no era ese el marco jurídico cuando se practicaron los abortos, sometida su despenalización a tres supuestos tasados de interpretación restrictiva según el Tribunal Constitucional".
"La sentencia de Barcelona confirmaba nuestras sospechas de que la Ley Aído pretendía ser una ley de Amnistía para garantizar la impunidad de los empresarios que presuntamente actuaron al margen de la ley", denunció.
Pérez-Roldán exigió además que los magistrados que absolvieron a Morín "deberían asumir responsabilidades por un archivo fruto del abandono de las elementales exigencias jurídicas, como dice el Supremo".