10 de octubre de 2013

Oct 10, 2013

En medio del cierre (shutdown) del gobierno estadounidense, se suspenderían las Misas en las bases militares que Estados Unidos tiene en distintos países del mundo, debido a que no se puede "contratar" sacerdotes para atender las necesidades espirituales de los miembros de las fuerzas armadas y los presbíteros que se ofrezcan como voluntarios podrían ser arrestados.

"Hasta que el Gobierno Federal retome sus operaciones regulares, o se otorgue una excepción a la contratación de sacerdotes, las misas se verán suspendidas indefinidamente", advirtió en varias bases militares el consejero general de la Arquidiócesis castrense de Estados Unidos, John Schlageter
El fracaso de legisladores en llegar a un acuerdo sobre el shutdown y la aprobación ley de atención de la salud propició el cierre de muchas agencias del gobierno que no fueron consideradas "esenciales", desde el 1 de octubre pasado.

Además de afectar a trabajadores federales y a participantes de programas federales, los efectos del cierre han repercutido en bases del ejército de todo el  mundo, donde muchos católicos dependen de sacerdotes contratados para las misas del domingo y otros sacramentos y ministerios.

En una columna del 3 de octubre, Schlageter advirtió que se les ha prohibido a los sacerdotes ejercer su ministerio en instalaciones militares durante el cierre.

El cierre significa que a muchos de los sacerdotes en bases militares de diferentes países "no se les permite trabajar - ni siquiera voluntariamente".

"Durante el cierre, es ilegal que ejerzan en las bases y se arriesgan a ser arrestados si tratan de hacerlo".

Poco después del lanzamiento de su columna, una propuesta fue presentada en la Cámara de Representantes para permitir la continuación de servicios religiosos en instalaciones militares durante el cierre.

La propuesta "reconoce que la práctica de servicios religiosos y la provisión de ministros son actividades protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos".

La propuesta fue aprobada por la Cámara en una votación de 400-1 el 5 de octubre y ya ha sido enviada al Senado, donde aún se espera un pronunciamiento.