Red Madre pide poner fin al “financiamiento público del negocio privado del aborto"

Carmina García-Vélez, presidenta de Red Madre, una de las fundaciones más importantes en España que ayuda a la mujer embarazada en dificultad, dijo que la institución espera que la reforma de la ley del aborto reduzca el "alarmante número" de prácticas producida en el país y que se ponga fin al "financiamiento público del negocio privado del aborto".

El Gobierno, afirmó, debe dejar "de financiar con dinero público el negocio privado del aborto y destine al menos un décima parte de los más de 50 millones de euros al año a proteger la familia y la maternidad".
García-Vélez también pidió que esta reforma anunciada por el Gobierno incluya "la protección a la mujer embarazada y a la maternidad y se garantice el derecho de recibir la información completa y veraz que tiene la mujer ante un embarazo imprevisto o con dificultades".

Carmina García-Vélez fue la primera presidenta de la Asociación de Víctimas del Aborto, fundada en 2004. "Comencé a conocer a mujeres que daban su testimonio después de haber abortado y que pedían ayuda psicológica por el daño que les había dejado el aborto", recordó.

Tras la despenalización del aborto en 1985 y su liberalización durante el último gobierno socialista, García-Velez explicó que se vio la necesidad de crear una entidad sin ánimo de lucro como Red Madre que aglutinara las actividades, las iniciativas legislativas populares y las recogidas de firmas de los ciudadanos y que el Gobierno no estaba escuchando. Así es como nació la Fundación de la cual García-Velez fue su primera presidenta nacional.

Actualmente esta institución tiene 40 sedes locales en toda España que proporcionan ayuda a las madres embarazadas en riesgo de abortar. Desde asistencia médica hasta alimentos, ropa y enseres para el bebé. "Pro vida se ha caracterizado siempre por defender la vida del concebido y no nacido, del anciano, del enfermo o del discapacitado. Pero Red Madre trata de ayudar a la embarazada, porque ayudándola a ella, de forma colateral se salvan dos vidas: ayudas a que ese niño nazca y también a que esa madre no se destruya", explicó en declaraciones a ACI Prensa.

Indicó que a nivel nacional han atendido a unas 20.000 mujeres que quieren seguir adelante con la vida del hijo pese a las dificultades. Sin embargo, dijo que también son innumerables las mujeres que han acudido para que les ayudaran a superar el "síndrome post aborto".

García-Velez recordó el caso de una joven española que había ido a Londres (Reino Unido) para abortar porque era menor de edad. Diecisiete años después del aborto, la chica vivía en Inglaterra y no presentaba ningún síntoma de los relacionados con el post aborto, hasta que su hermano la llamó para informarle que iba a ser tía.

"Cuando colgó el teléfono comenzó a llorar sin poder parar. Pasó meses llorando y llorando. Hasta que se vino de Londres para recibir atención de nuestra psicóloga. La noticia de que su hermano tendría un hijo y ella sería tía le hizo presente el hijo que abortó hacía 17 años", relató García-Vélez.

Otro hecho que denuncia Red Madre es "la penalización laboral de la maternidad", pues "si una mujer, con o sin contrato laboral, una mujer trabajadora se queda embarazada, los contratadores no siempre les ayudan, porque consideran que el embarazo impide que realice sus tareas y en ocasiones durante la baja maternal las echan".

Asimismo, recordó que el aborto se está usando como "método de control de población no deseada. Y ésta es la población enferma, discapacitada y la inmigrante que está continuamente yendo a servicios sociales pidiendo ayudas y becas".

Finalmente, reiteró su pedido para que la reforma de la ley del aborto prometida por el ministro Ruiz Gallardón fomente las ayudas sociales y un cambio de mentalidad, para que la maternidad deje de ser concebida como una lacra para la mujer y sobre todo se termine con "el negocio del aborto, en parte subvencionado con dinero público".