Este miércoles 14 de agosto el Comité de Apropiaciones de la Asamblea Estatal de California evaluará un proyecto de ley que fomenta la extorsión contra las organizaciones sin fines de lucro, especialmente las escuelas católicas y entidades de caridad, bajo la excusa de proteger a las víctimas de abuso sexual.
La polémica propuesta de ley SB-131, presentada por el asambleísta Jim Beall, se encuentra ahora en la Legislatura de California, suspendería por un año el límite llamado "ley de prescripción civil", para permitir que cualquier adulto que alegue haber sido víctima de abuso sexual en su infancia pueda entablar una demanda contra los empleadores del acusado, quien podría ya estar muerto.
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La propuesta de ley ya fue aprobada en el senado de California el pasado 29 de mayo de 2013. Si es aprobada por el Comité de la Asamblea pasaría al pleno en las próximas semanas.
El Arzobispo de Los Ángeles, Mons. José H. Gómez, ha pedido a los católicos que contacten a los asambleístas y les pidan votar en contra de esta medida, a través de este enlace: http://www.la-archdiocese.org/gov/Pages/SB131-SP.aspx
Según sus críticos, la propuesta apunta contra la educación privada en general y la católica en particular. No cumple con el deber de proteger a todas las víctimas de abuso sexual; discrimina a las escuelas católicas y los empleadores privados; y pone en riesgo la labor de los servicios sociales y educativos de la Iglesia al responsabilizarlos de presuntos crímenes de ex empleados.
En el sitio web de la Arquidiócesis de Los Angeles, se explica que la propuesta SB-131 "no protege a todos los niños" y "sólo permite que las demandas sean presentadas únicamente por las víctimas que fueron abusadas en escuelas privadas y otras organizaciones como la YMCA o Little League".
"Sin embargo, los niños que fueron abusados por maestros en escuelas públicas, o por otros empleados públicos concretamente, no estarán amparados por la propuesta SB-131. Eso significa que esta legislación no ofrece protección al 92% de los niños de California que acuden a escuelas públicas o a niños que viven en casas de cuidado infantil, o en otras instituciones públicas", donde se registra hasta ahora la mayoría de casos de abuso sexual contra menores.
"La propuesta de ley SB-131 se dirige únicamente a las instituciones católicas y a otras instituciones privadas, pues únicamente permite que se entablen demandas contra las escuelas y organizaciones privadas, pero exime específicamente a las escuelas públicas y otras instituciones públicas. El abuso sexual de menores es una realidad social que no se limita a las instituciones privadas. Cualquier propuesta legislativa que busque enfrentar este grave problema, debe aplicarse de tal forma que proteja a las víctimas en todas las instituciones de la sociedad, públicas y privadas por igual", aclara la Arquidiócesis.
Asimismo, advierte que "la propuesta de ley SB-131 no solamente no hace nada por incrementar las sanciones contra los que realmente cometieron el abuso, sino que permite imponer a los empleadores privados indemnizaciones por daños y perjuicios, sin imponer ninguna sanción civil o penal contra los que perpetraron el abuso".
Hasta el momento, más de 75 mil personas han rechazado esta medida que de prosperar podría llevar a la bancarrota a decenas de escuelas católicas y organizaciones caritativas al tener que enfrentar costosos juicios frente a estudios de abogados que han convertido el drama del abuso en un negocio, al captar a presuntas víctimas con la promesa de obtener millonarias reparaciones.
Para pedir a los asambleístas que no aprueben este medida, haga click en este enlace: http://www.la-archdiocese.org/gov/Pages/SB131-SP.aspx