La aprobación de la "Human Rights and Anti-Discrimination Bill", una nueva ley que busca respaldar la agenda del lobby gay, podría ser contraproducente para la Iglesia y las diversas organizaciones cristianas existentes en Australia, pues obligaría a estas a contratar, por ejemplo, maestros homosexuales en escuelas católicas.
El proyecto de ley, en discusión en el Parlamento de Australia, elimina las excepciones que tiene la Iglesia y las de otras organizaciones cristianas que administran escuelas, hospitales, centros de atención social.
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Según las disposiciones vigentes, estas instituciones podían, por ejemplo, no contratar a homosexuales como maestros, no incluirlos en los servicios de adopción para niños o tampoco admitir a parejas del mismo sexo en los servicios prestados a las parejas.
El borrador de proyecto de ley revoca tales excepciones "a las organizaciones religiosas que discriminan a los individuos en la prestación de servicios". Un comité del Senado de Australia ha señalado que "ninguna organización debería gozar de una deroga basada en un principio discriminatorio, cuando trabaja en la prestación de servicios a la comunidad en general".
En un comunicado enviado a la agencia vaticana Fides, la Conferencia Episcopal de Australia señala que las recomendaciones hechas por el Senado son "una amenaza a la libertad religiosa" y podría tener un serio impacto "sobre los servicios sociales que proporcionan los centros de salud y escuelas católicas".
La ley anti-discriminación, aprobada en sus principios por las iglesias cristianas, "debe encontrar un equilibrio entre los valores en el campo: se debe reconocer el valor fundamental de la libertad de religión, como una parte significativa de nuestra forma de vida en una sociedad pluralista", subrayan los Obispos.
Además, Robert Johnston, portavoz de la Asociación Australiana de Escuelas Cristianas ha expresado su oposición a las normas previstas.