El director de la Oficina para América Latina del Population Research Institute (PRI), Carlos Polo, señaló que el aborto, promovido por grupos anti-vida como las Católicas por el Derecho a Decidir, es “la peor violencia contra la mujer”.
En declaraciones para ACI Prensa el 26 de noviembre, Polo remarcó que “es paradójico que sean los grupos feministas quienes dicen defender los derechos de las mujeres, promuevan la legalidad de este crimen que deja graves secuelas en la mujer para toda la vida”.
En ocasión del día de la no violencia contra la mujer celebrado el 25 de noviembre, Carlos Polo denunció que las feministas en Perú “como Manuela Ramos, PROMSEX o Demus vienen impulsando el protocolo de aborto terapéutico, una excusa para la legalización del aborto”.
Recientemente, ACI Prensa reveló que la ONG Católicas por el Derecho a Decidir, rechazada públicamente por distintos representantes de la Iglesia Católica, gastó en los últimos 10 años más de 13 millones de dólares para buscar la legalización del aborto en América Latina.
Los grupos abortistas, indicó Carlos Polo, “escogen casos emblemáticos para presionar políticamente al Estado, para que este brinde servicios de abortos en todo el país, sin mencionar que esos casos muchas veces son fabricados o severamente manipulados”.
“Si en verdad fuera un problema de salud pública, mostrarían más casos a la opinión pública”, indicó, añadiendo que los casos presentados por las organizaciones promotoras del aborto son tan antiguos que “algunos ya datan desde hace una década”.
Polo lamentó que, a pesar de que aseguran defender los derechos de las mujeres, “ninguno de estos grupos tratan de ofrecer alternativas más humanas de ayuda a la mujer ni le explican las secuelas de lo que hoy conocemos como el síndrome post-aborto”.
El síndrome post-aborto es una enfermedad psiquiátrica grave que sufren las mujeres que se han sometido a un aborto, y que involucra angustia, desesperación, culpa, que se manifiestan en pesadillas, insomnio, alcoholismo, agresividad o depresión, psicosis, y puede llegar al suicidio.
El director del PRI recordó que uno de los casos emblemáticos de las ONGs que promueven el aborto en Perú es el conocido como “Caso KL”.
“Este es uno de los casos más antiguos. Fue un embarazo con anencefalia sobre el cual se pidió un ‘aborto terapéutico’”, señaló Polo, el cual fue negado “entre otras cosa porque esta figura está tipificada en el Código Penal como delito de aborto eugenésico y se encuentra penado”.
“El Estado ya respondió al Comité de Derechos Humanos explicando los alcances de la ley peruana y que no procedía ningún aborto según nuestras leyes”.
Carlos Polo indicó que “en términos humanos, KL expresó que prefirió que trituraran a su hijo en su vientre en lugar de verlo nacer. El sentido común indica que como toda madre debió luchar por la vida de sus hijo, o por lo menos respetarla, y que finalmente muriera de forma natural”.
Con respecto a que se busque la despenalización del aborto como una reivindicación de un derecho de la mujer, el director del organismo internacional subrayó que el Código Penal no es una fuente de derechos.
“El código penal señala las acciones no queridas por una sociedad. Algunas carecen de pena y otras no”, indicó.
Carlos Polo subrayó que el que un delito, en este caso el aborto, pueda carecer de pena “no lo convierte en un derecho, como sustentan las feministas”.
Polo explicó que otros casos, como el robo de menor cuantía o el robo entre hermanos “no es penado”, pero eso “no significa que exista un derecho a reglamentar o protocolizar esos tipos de robo”.