Las procuradoras de Infancia y Adolescencia, Ilva Myriam Hoyos, y de Función Pública, María Eugenia Carreño, presentaron sus renuncias al Ministerio Público de Colombia, con lo que rechazaron allanarse a la orden de la Corte Constitucional de rectificar sus declaraciones contrarias al aborto.
Hacia fines de agosto, la Corte Constitucional ordenó al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, rectificar sus declaraciones contra el aborto y la píldora del día siguiente. Este fallo alcanza también a Ilva Myriam Hoyos y María Eugenia Carreño.
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En el caso de la procuradora de Infancia y Adolescencia, el tribunal la acusa de enviar un oficio a la Superintendencia de Salud para que se revoque la instrucción dada a los hospitales y EPS de atender abortos en los casos permitidos por la Corte Constitucional en el 2006.
Por su parte, la Corte acusa a María Eugenia Carreño de interferir en el proceso para que se incluya en el Plan Obligatorio de Salud (POS), el Misoprostol, un medicamento que en dosis inadecuadas provoca abortos.
"En el ejercicio de funciones públicas no he mentido no he tergiversado ni afectado derechos fundamentales", expresó Hoyos.
Por su parte, Carreño defendió la labor del Ministerio Público y dijo que "hemos actuado y defendido a Constitución Política y a las mujeres no solamente en el tema del aborto. Hemos hecho una labor positiva, hemos trabajado en un tema como la violencia contra la mujer, comisarias de la familia".
Sin embargo, es probable que no se les acepte la renuncia por carecer de carácter irrevocable. Asimismo, aunque la solicitud de la Corte se hace a título personal, la que está obligada a responder es el Ministerio Público.