El subsecretario para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado del Vaticano, Mons. Ettore Balestrero, presentó esta mañana los resultados positivos en la prueba clave de transparencia financiera del Vaticano efectuados por el Moneyval, el Comité de Expertos del Consejo de Europa para la evaluación de las medidas para combatir el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
"Hemos dado un paso definitivo echando los cimientos de una 'casa', es decir de un sistema de lucha al blanqueo y al financiamiento del terrorismo, que sea sólido y sostenible. Ahora queremos construir un 'edificio' que demuestre la voluntad de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano de ser un 'compañero' fiable en la comunidad internacional", explicó a los periodistas Mons. Balestrero.
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Al enumerar los resultado principales, Moneyval elogió la labor de la Santa Sede al haber "recorrido un largo camino en un periodo de tiempo muy breve y muchos de los elementos constitutivos del propio sistema AML/CFT están actualmente formalmente en vigor".
Después de diversas visitas, la primera en noviembre de 2011, el informe emitido por Moneyval evalúa el nivel de conformidad con 49 recomendaciones del Grupo de acción financiera en contra del lavado de dinero y recomienda un plan de acción para reforzar las actuales medidas.
Dentro de este marco, la primera versión de ley en el Vaticano entró en vigor el 1 de abril de 2011, y el 25 de enero de 2012, fue modificado e introdujo algunos cambios para hacer más eficaz la cooperación entre las autoridades internas competentes en la prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo.
El nuevo texto legislativo destaca, en particular, la importancia de la interconexión entre dichas autoridades y la necesidad de una distribución equilibrada de las competencias respectivas, a fin de establecer un sistema interno sólido y sostenible.
Mons. Balestrero, que dirigió la delegación de la Santa Sede en la sesión plenaria de Moneyval, celebrada el pasado 4 de julio en Estrasburgo (Francia), recordó que "siempre ha sido firme la decisión de luchar contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo", y subrayó además que el ordenamiento jurídico ya presenciaba numerosos elementos necesarios para hacer frente a esos delitos.
En este sentido, recordó que el Estado de la Ciudad del Vaticano "tiene un territorio pequeño, con una pequeña población y un nivel muy bajo de delincuencia nacional, y carece de una economía de mercado. No es un centro financiero y sus actividades financieras tienen como objetivo apoyar las obras de caridad y la religión".
Al mismo tiempo, "la Santa Sede goza de una reconocida autoridad moral y está en profunda conexión con los países más cercanos y los más lejanos del mundo. La Santa Sede, a quien compete la responsabilidad primaria de la misión de la Iglesia Universal, tiene la tarea - si no el deber - de orientar y guiar a las organizaciones católicas ubicadas en todo el mundo", dijo.
Entre las medidas actuales del Vaticano para prevenir y combatir el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, Mons. Balestrero explicó que se introdujo el criterio "risk based approach" (basado en el riesgo) para identificar adecuadamente a los clientes así como las transacciones sospechosas.
Además, se ha sentado las bases para reforzar la cooperación internacional, incluído el intercambio de información con los homólogos extranjeros y se hace explícita y conforme con las leyes internacionales la normativa interna sobre el secreto en el ámbito financiero.
En materia penal se introduce, entre otras cosas, una amplia definición del delito de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, y se especifica la gama de delitos determinantes de conformidad con las normas internacionales.
Se refuerzan los poderes de los tribunales del Vaticano para combatir el delito de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, así como de los delitos determinantes, y en materia de incautación y confiscación del producto de la actividad ilegal;
En caso de incumplimiento en la prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo, se agravan las sanciones, haciéndolas, además aplicables a las personas jurídicas.
Además, la Autoridad de Información Financiera (AIF) del Vaticano tendrá la facultad de realizar inspecciones sobre la prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo. El texto enmendado de la ley 127 prevé la adopción de un reglamento general específico y detallado en virtud de cómo efectuar concretamente esas inspecciones.
Por otra parte, el área de la cooperación internacional ha sido cuidadosamente revisada. Las conclusiones de los evaluadores fueron que el sistema actual de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano es "largely compliant" (en gran medida conforme) con las normas internacionales.
A la vista de las recomendaciones, el funcionario vaticano declaró que "al igual que otras jurisdicciones, somos muy conscientes de que la legislación nacional sobre la prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo todavía se puede mejorar".
Después del 25 de enero, la Santa Sede introdujo una lista de personas identificadas como terroristas, en conformidad con las medidas exigidas por las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se envió oficialmente una carta de adhesión al Grupo Egmont (Unidades de Inteligencia Financiera), y se puso en marcha el proceso de adopción del reglamento general sobre la facultad de inspección de la AIF, entre otras medidas.
Por su parte, Moneyval invitó a través de un comunicado a implementar su régimen de vigilancia, y recordaron que ellos no constituyen una investigación sobre el pasado o el presente, ni una auditoría de una determinada institución financiera, sino una rigurosa evaluación sobre la actuación efectiva de los estándares globales del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el "banco del Vaticano".
Los exámenes estándares todavía están a medio proceso, y Moneyval continuará monitoreando las actuaciones de sus recomendaciones a través de los procedimientos de seguimiento que establecen el plazo de un año para que la Santa Sede presente un informe sobre sus progresos.
Además del camino emprendido con Moneyval, la Santa Sede, en nombre del Estado de la Ciudad del Vaticano, el 25 de enero de este año, ratificó las siguientes convenciones: Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988; Convención de Nueva York para la Represión de la Financiación del Terrorismo, de 1999; Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 2000.