El abogado Natale Amprimo afirmó que la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), no quiere admitir que perdió en su pedido ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre el testamento de José de la Riva Agüero, pues lo que busca es evitar la ejecución del fallo.
En un artículo publicado en el diario El Comercio el 27 de junio, Amprimo criticó las afirmaciones del profesor de la PUCP Juan Monroy, que en una columna difundida en el mismo periódico dijo que el fallo del TC solo desestimó el pedido de la universidad y no implica por tanto una ejecución a favor del Arzobispado.
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Como se recuerda, en marzo de 2010 el tribunal declaró infundado el recurso de agravio constitucional presentado por la universidad contra Walter Muñoz Cho, representante del Arzobispado de Lima en la Junta Administrativa de esta casa de estudios.
De esta manera, el TC reconoció el derecho del Arzobispado a intervenir en la administración de la PUCP, tal como estableció en su testamento José de la Riva Agüero, quien donó los terrenos donde se encuentra la universidad.
Sin embargo, en su artículo del 26 de junio, Monroy dijo que dado que el recurso fue declarado improcedente, el pedido de la PUCP "no fue acogido ni rechazado. El TC, simple y llanamente, resolvió que no tenía nada que decidir sobre el pedido de la PUC. En eso consiste una declaración de improcedencia. Como el Arzobispado -demandado en el amparo- nada pidió, solo podía perder o no perder".
Esto fue criticado por Amprimo, pues "Monroy sabe que no solo de las sentencias o resoluciones estimativas (es decir, en la que el demandante gana) se derivan mandatos u obligaciones que vinculan a los poderes u órganos constitucionales, sino también de aquellas que son desestimativas".
"Ello porque no solo en la parte resolutiva de las sentencias existen mandatos que deben ser cumplidos; también los hay en la fundamentación que sustenta la decisión adoptada, siempre que se desprenda una situación jurídica o una conducta concreta a cumplir.
Suponer lo contrario implicaría sostener que se puede decidir sin pensar. Ello no es correcto, pues en la jurisdicción no cabe distinguir entre los hechos y el derecho, porque todo forma parte de un mismo razonamiento: el jurisdiccional", añadió.
En ese sentido, afirmó que "el razonamiento jurídico expresado en una sentencia, y lo que sostiene dicho pronunciamiento, tiene carácter de cosa juzgada. Una resolución jurisdiccional necesita de fundamentos para que tenga sentido, y esos fundamentos requieren, a su vez, de una estabilidad que los haga incuestionables. Por lo tanto, los fundamentos que otorgan dicha estabilidad, sin los cuales la resolución perdería todo su sentido, necesariamente, tienen efectos de cosa juzgada".
Por ello, dijo que en el caso del amparo presentado por la universidad, el TC "revisó todo lo relacionado con el testamento dejado por Riva Agüero" y desestimó la posición del centro de estudios. "La PUCP perdió y eso es lo que no se quiere admitir", señaló.
Amprimo advirtió que luego del fallo, la PUCP primero "amenazó con sacar estudiantes a la calle. Ahora, se recurre a la prensa para buscar ‘sensibilizar’ a la justicia. El paso siguiente será, luego de la respuesta, el darse por ofendido y victimizarse. Después de tantos años de brega, ya conocemos el libreto. Pese a la excelencia con que se utiliza el arte de engañar para dilatar, no pasarán".