Quienes luchan contra el mandato abortista del gobierno de Barack Obama habrían recibido un inesperado apoyo por parte del ala liberal de la Corte Suprema, en su oposición parcial contra la ley de reforma del cuidado de la salud.
"Una norma para comprar un producto particular sería inconstitucional si, por ejemplo, el edicto de forma impermisible limitara la libertad de expresión (o) interfiriera con el libre ejercicio de la religión", escribió la jueza Ruth Bader Ginsburg, el 28 de junio.
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La norma que exige a los ciudadanos que compren un seguro, fue confirmada por el voto del Juez presidente John Roberts, que la interpretó como un uso del poder fiscal federal. Pero otros cuatro jueces se unieron a la opinión de Ginsburg, apoyando la libertad religiosa.
En un texto enviado a ACI Prensa, Kim Daniels, abogada especialista en libertad religiosa, dijo que los cuatro jueces habrían dado un "apoyo improbable" a quienes se oponen a la ley de salud, que requiere que los empleadores cubran medicamentos abortivos, así como anticoncepción y esterilización.
Daniels, ex asesora del Centro de Derecho Thomas Moro y actual coordinadora de Catholic Voices EEUU indicó que la jueza Ginsburh describe la ley anticonceptiva del Departamento de Salud (HHS) como "una norma para bienes particulares y servicios, e interfiere con el libre ejercicio de la religión".
Mientras que la afirmación de la jueza de que el ejercicio de la libertad religiosa es una "ley constitucional básica", Daniels dice que fue "notable que la jueza Ginsburg eligiera dirigir la atención a esta verdad" usando "lenguaje que los oponentes de la norma del HHS no dudarán en resaltar" cuando reten la norma anticonceptiva.
Los jueces Breyer, Kagan y Sotomayor se plegaron a lo dicho por la jueza Ginsburg sobre libertad religiosa, contra los intentos del gobierno de forzar la compra de productos moralmente objetables.
La decisión del tribunal sobre la ley de salud, escribe Daniels, "no sólo deja en vigor los muchos desafíos legales contra la norma del HHS, sino que pone de manifiesto su validez". Más de 50 demandantes están actualmente involucrados en 23 procesos contra la norma anticonceptiva.
"Ahora que la constitucionalidad de la Ley de Asistencia Asequible ya no está en cuestión, es el hora de que el gobierno analice sus esfuerzos de división para coaccionar a los empresarios religiosos a facilitar la cobertura de seguro de bienes y servicios que violan su fe", escribió la coordinadora de Catholic Voices.