Los grupos provida exigen al Gobierno de España que derogue la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (ley del aborto) mientras la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Plataforma DSyR), compuesta por asociaciones de mujeres, profesionales y sindicales, solicita que no se toque el texto, cuando se cumplen dos años desde su entrada en vigor el 5 de julio de 2010.
Los únicos datos oficiales sobre abortos en España que se han publicado desde entonces corresponden al año de su aprobación y no desglosan por meses. El Ministerio de Sanidad, que publica la información, atribuye el retraso en su divulgación a las comunidades autónomas, que son quienes le remiten los datos.
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Según esa estadística, 146 clínicas y hospitales practicaron 113.031 interrupciones de embarazos en todo el territorio nacional durante 2010, lo que supone un incremento del 1,3 por ciento respecto del año anterior.
El 98,16 por ciento tuvieron lugar en clínicas privadas, el 12,71 por ciento sobre mujeres de 19 años o menos, el 63,52 al cabo de ocho semanas o menos de gestación y un 24,92 por ciento entre la novena y la duodécima.
Sin embargo, los grupos provida manejan sus propios datos. Derecho a Vivir calcula que en estos dos años se han producido 230.000 abortos en España. Para denunciarlo, ha elaborado un manifiesto dirigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que le exige la derogación de la norma, y ha lanzado la campaña "#Abortocero", con intención de recoger un millón de firmas contra la normativa y por la promulgación de una "ley de protección de la vida humana y apoyo a la maternidad".
Las firmas se presentarán en el Congreso en otoño, coincidiendo con el calendario de reforma de la Ley que, conforme las previsiones del Ministerio de Justicia, deberá estar en tramitación por esas fechas. Según Derecho a Vivir, no se descarta que se produzca una gran manifestación contra el aborto como colofón de la campaña.
Por su parte, las organizaciones de la Plataforma DSyR sostienen que modificar la normativa actual es "un retroceso", que responde a motivos ideológicos y que va a suponer una vulneración de los derechos de las mujeres.
"Cualquier intento de hacer punibles y negar los derechos sexuales y reproductivos conlleva el retroceso en cuestiones tan básicas como la educación sexual o la mejora en el acceso a la anticoncepción, incluida la de urgencia", argumentaron en una misiva dirigida a portavoces parlamentarios y grupos políticos poco después de su constitución como entidad, el pasado mes de junio.
La reforma, para otoño europeo
Aunque el titular del departamento, Alberto Ruiz Gallardón, no ha concretado si se emprenderán modificaciones puntuales en la actual normativa o directamente se promulgará una nueva ley que la sustituya íntegramente, sí ha avanzado su intención de que el texto se ciña a la doctrina del Tribunal Constitucional en lo que respecta a la conjunción del derecho a la vida del no nacido con el derecho a la salud de la madre.
Hasta la fecha, la única modificación aplicada sobre este asunto ha venido de la mano del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que en su política de recortes ha eliminado el acceso al aborto en el Sistema Nacional de Salud de las inmigrantes que se encuentren en España en situación irregular, posibilidad que hasta la fecha tenían si estaban empadronadas y habían obtenido por ello una tarjeta sanitaria.
De momento, el aborto se mantiene dentro del catálogo de servicios de la red pública para el resto de pacientes, sin embargo, en distintas comunidades autónomas se plantean problemas para la derivación desde los hospitales públicos a las clínicas privadas acreditadas para la interrupción del embarazo por la deuda económica que ciertas administraciones mantienen con ellas.
Según los últimos datos de ACAI, la asociación que las agrupa, muchos de estos centros afrontan una "situación de asfixia económica" por la falta de un partida presupuestaria específica en la Ley del aborto y por la "escasa voluntad política" en determinadas administraciones para sostenerla.
La organización estima que la deuda supera ya los ocho millones de euros, lo que ha llevado a algunos centros a plantearse rechazar pacientes derivadas de la sanidad pública, como ha ocurrido en Aragón.
Dos años sin resolución del constitucional
La norma, aprobada no sin polémica en el año 2010 por asuntos como fijar plazos de aborto libre o permitir a las menores de 16 y 17 años abortar sin consentimiento paterno, reemplazó el sistema vigente desde 1985, que despenalizaba el aborto en determinados supuestos, como el riesgo grave de peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada o la presunción de "graves taras" en el feto.
Después de su aprobación pero a un mes de su entrada en vigor, el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad que impugnó ocho preceptos del texto y una disposición adicional con la intención de que se paralizase su puesta en marcha en tanto resolviera el Alto Tribunal, extremo que fue descartado, entrando así la norma en vigor cuando estaba previsto, el 5 de julio de 2010. Dos años después, el Constitucional aún no se ha pronunciado.
Para entidades como el Foro de la Familia esta demora es "inaceptable". "Sólo la posibilidad de que se practique un aborto contra lo previsto en la Constitución y al amparo de la nueva Ley, convertiría en dramática e irresponsable la pereza del TC para dictar sentencia, que se prolonga ya durante dos años de forma incomprensible", ha denunciado el presidente de la organización, Benigno Blanco, con motivo del segundo aniversario de la norma.