El Arzobispo de La Plata (Argentina), Mons. Héctor Aguer, explicó que los padres tienen el derecho a que en el proceso educativo sus hijos no sean ideologizados y a recibir una educación acorde con sus convicciones.
Así lo indicó el Prelado ayer en Roma (Italia) en su intervención en la sesión plenaria de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, de la que es miembro académico honorario. El tema de las deliberaciones fue "La herencia tomasiana del beato Juan Pablo II y la refundación de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino".
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El Arzobispo, que es también presidente de la Comisión de Educación Católica de la Conferencia Episcopal Argentina, intervino con una ponencia titulada "La providencia educativa de la familia".
Tras explicar que la educación de los hijos es una continuación en la obra de Dios, Mons. Aguer dijo que el Beato Papa Juan Pablo II presentaba el proceso educativo como "derecho y deber, y lo califica de esencial, original y primario, insustituible e inalienable. Es esencial por su relación con la transmisión de la vida; original y primario respecto al de otros agentes de la educación; insustituible e inalienable porque no puede ser delegado totalmente o usurpado por otros".
"El Pontífice reivindicó en numerosas intervenciones suyas este derecho, y lo hizo especialmente en ocasión de sus viajes apostólicos y en sus discursos ante las autoridades culturales y políticas, lo defendió frente a los regímenes de corte totalitario y recordó su carácter de derecho democrático en el caso de sociedades en las que el relativismo y el laicismo podían hacer peligrar el efectivo ejercicio de ese derecho".
"En la mayor parte de sus mensajes sobre el particular, se trata del derecho que asiste a las familias católicas de asegurar para sus hijos una formación escolar conforme a la fe y a la visión cristiana del mundo. Así lo hizo, por ejemplo, en el discurso a la UNESCO el 2 de junio de 1980", recordó el Arzobispo.
El Prelado dijo además que "en el magisterio de Juan Pablo II se registra la insistencia en la libertad de elección de los padres respecto a la orientación de la enseñanza que reciben sus hijos. Este derecho es enunciado en términos amplios: es el derecho de transmitir a sus hijos los valores en que creen, especialmente la religión, en escuelas apropiadas para ello, pero el pontífice se refiere, en concreto, a las familias católicas".
Tras advertir que el Estado debe colaborar en la educación y ayudar también para que, de tener un costo, sea asequible, el Prelado explicó que "la escuela pública –entiéndase: la estatal– no debe poner en peligro la fe de los alumnos católicos".
"Esa garantía es violada sistemáticamente por el Estado cuando impone contenidos curriculares contrarios a la fe y a la visión cristiana del hombre y del mundo. Se trata de un desliz frecuente, que se verifica de manera más o menos manifiesta según los casos, en un contexto cultural en el que impera el escepticismo acerca de la verdad y el relativismo moral. Es ésta una característica de las sociedades liberales posmodernas que tiene sus raíces en una teoría constructivista del conocimiento".
"Esta ideología –dijo en la parte final de su ponencia monseñor Aguer– que se introduce en las aulas de las escuelas estatales a través de los diseños curriculares, suele ser justificada en nombre del pluralismo y la tolerancia propios de un régimen democrático".
Al respecto, afirmó, "vale la advertencia de Juan Pablo II: una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto; en nombre de la democracia se impone un pensamiento único contrario a la verdad del hombre y a la fe cristiana".
Finalmente dijo que "lo peor ocurre cuando el Estado, que hace un aporte económico al sostenimiento de la escuela católica, pretende imponer en ella contenidos y orientaciones de enseñanza que contradicen las convicciones de los padres de familia y ponen en riesgo la libertad de la Iglesia en la transmisión de la verdad".