La Corte Suprema de EE.UU. ratificó hoy la Patient Protection and Affordable Care Act (Ley de Sanidad Asequible y Protección al Paciente) del Gobierno de Barack Obama, generando decepción y preocupación por atentar contra la libertad religiosa y la causa pro-vida en todo el país.
Christen Varley, directora ejecutiva de Causa Consciencia –una organización independiente que defiende la libertad religiosa-, señaló que estaba "muy decepcionada" con la decisión de los magistrados.
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"La primera línea de la Primera Enmienda de nuestra Constitución garantiza a todos los americanos el derecho a la libertad religiosa", expresó. Añadió que con esta decisión se ha abierto "la puerta a un gobierno que no ve límites a la cantidad de libertades que puede quitar".
Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte declaró que la ley de salud de Obama es constitucional, incluyendo un mandato individual que obliga a todos los ciudadanos a comprar planes de seguros de salud, aunque incluyan anticoncepción y aborto.
El fallo también señala que la gente que se niegue a comprar un seguro de salud, deberá pagar una penalidad, entendida como una especie de impuesto que el Congreso está autorizado a imponer en virtud de su potestad tributaria.
La decisión significa que la pelea contra este mandato que promueve la contracepción continuará. La norma habría perecido automáticamente si la ley hubiera sido declarada inconstitucional.
El polémico mandato obligará a los empleadores a ofrecer seguros de salud que cubran la contracepción, esterilización y medicamentos que inducen al aborto, aún si se viola la libertad de conciencia.
Como se recuerda, este mandato provocó las críticas de personalidades, políticos y organizaciones católicas. Se presentaron más de 50 demandas contra esta norma a nivel nacional.
Los obispos de diversas diócesis de Estados Unidos hablaron contra este mandato, advirtiendo que es una severa amenazada a la libertad religiosa de los que se oponen a este texto.
Varley dijo que este mandato representa una "afrenta flagrante contra la libertad religiosa" y aseguró que su organización continuará trabajando con gente de todas las confesiones para pedir al Congreso que "haga caso omiso de esta política devastadora que pone en riesgo la libertad religiosa".