El Foro de la Familia, el Instituto de Política Familiar y Derecho a Vivir han aplaudido el anuncio realizado este jueves por la secretaria general de Igualdad de la Junta de Galicia, Susana López Abella, de que los hijos no nacidos y por nacer contarán como miembros de la unidad familiar a la hora de pedir ayudas en materia de vivienda, a fin de determinar su tipo y contenido.
En este sentido, han pedido que este tipo de medidas se extiendan al resto de comunidades autónomas.
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, ha explicado a Europa Press que se trata de una medida "justa que responde a la realidad de las cosas porque las familias cuentan con ese miembro desde que se produce la concepción".
Blanco considera que es "muy razonable" que se compute al nasciturus a estos efectos y ha afirmado que sería "interesante" que se extendieran estas ayudas a cómputos como familias numerosas o ayudas a la maternidad.
En términos similares, la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha señalado que la medida "supone el reconocimiento a la vida del feto como persona y un hijo más" y ha pedido que ese reconocimiento se extienda a otras ayudas "como el trabajo o los accesos a los colegios".
Así, Joya ha asegurado que el Gobierno "debería incluir también medidas como esta a la hora de posicionarse en la redacción de la ley del aborto" y ha pedido al resto de comunidades autónomas que extiendan medidas "para ayudar de manera integral al derecho de la mujer a ser madre en libertad".
Por su parte, el presidente del Instituto de Política Familiar, Eduardo Hertfelder, ha calificado el anuncio como una "excelente" noticia porque "demuestra que un ser humano es persona desde el momento de la concepción y no sólo cuando nace" y, coincidiendo con los demás representantes de asociaciones familiarse, ha solicitado que se "expanda"
"Debe expandirse, recogerse y actuar en consecuencia, si es persona y se reconocen los derechos, no puede existir un derecho el aborto", ha subrayado. Además, Hertfelder ha señalado que es una medida positiva pero "debe ir acompañada de medidas globales dentro de un proyecto de protección de la vida".
Las Cortes Valencianas fueron las primeras en aprobar una la ley de Protección a la Maternidad en el año 2009 que tiene como objetivo garantizar y proteger los derechos de la mujer gestante así como del "derecho de la vida en formación desde la concepción".
La medida gallega forma parte del Plan integral de apoyo a la mujer embarazada 2012-2014, aprobado por el Consello de la Xunta el pasado mes de enero con el objetivo de "poner a disposición de las gestantes un abanico de recursos sociales, sanitarios y educativos que garanticen el derecho a la maternidad", según ha dicho López Abella.
Acompañada de otras medidas, puede ayudar a bajar los abortos
En cuanto a las consecuencias de la medida anunciada por la Xunta de Galicia, las tres organizaciones han coincidido en que, unida a otras medidas, "puede ayudar a descender el número de abortos en España".
En este sentido, Gádor Joya ha afirmado que "todo lo que sea la ayuda, redundará en que se pueda no abortar, sobre todo debido a que muchas interrupciones del embarazo se producen por causas socioeconómicas". "Por sí misma no reflejará una gran disminicuión en los abortos pero sí con otras medidas y con una política integral que aborde la materia", ha señalado.
Junto a la representante de Derecho a Vivir, Blanco ha afirmado que podría ayudar a descender el aborto "si se acompaña de medidas encaminadas a tal fin" mientras Hertfelder, que ha señalado que el anuncio "va por el buen camino", ha afirmado que es "insuficiente mientras no se derogue la ley de 2010 que permite interrumpir el embarazo hasta la semana catorce de gestación".