El exembajador español ante la Santa Sede, Paco Vázquez (PSOE), ha afirmado que la propuesta del Secretario General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de revisar los acuerdos con la Santa Sede "es una mera ocurrencia y no venía al caso".
En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha explicado que le preocupa "recurrir a ese tic" (la denuncia de los acuerdos de la Santa Sede) porque está "ya superado y que no tiene sentido en la España actual".
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"No hay ningún país en nuestro entorno en que esta cuestión sea cuestión de debate", ha subrayado.
En este sentido, ha destacado que si de algo se siente "orgulloso" en su carrera política es de que en las últimas elecciones generales no hubiera debate religioso por primera vez en muchos años y ha explicado que, a su juicio, la discusión en el seno socialista surge porque "siempre queda un poquito en la memoria colectiva una identificación de derecha-Iglesia o con el sistema político anterior"
El exembajador ha señalado que "el encuentro de Iglesia e izquierda es un factor determinante en la estabilidad española" porque cuando eso no ha funcionado produjo "desajustes importantes" y ha asegurado que "la Iglesia es la menos interesada en ningún tipo de control del Estado".
Así, Vázquez ha explicado que el Vaticano tiene relaciones diplomáticas "con 178 países" y que tiene tratados "con 42 estados como los de España, que están vigentes y que tienen naturaleza constitucional".
De este modo, ha subrayado que "jamás" se ha puesto en duda la constitucionalidad de los acuerdos españoles en el Tribunal Constitucional y que incluso el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia) señaló cuando se le requirió que eran acordes.
Por ello, ha defendido que los acuerdos "no implican ningún tipo de privilegio" para la Santa Sede porque el contenido de los mismos "se pueden aplicar al resto de las religiones reconocidas oficialmente en España" (judía, musulmana, evangélicos).
Por último, ha defendido el sistema de enseñanza concertada "creado por los socialistas y que permite a la Iglesia tener centros de estudio donde el Estado le paga la parte correspondiente al gasto público en educación".